El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata del PSOE para las elecciones europeas y vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante un acto de campaña.

Tomás Gómez.- Con el caso de Begoña Gómez, Sánchez tiene un frente abierto que le puede costar bastante caro. Desde el primer momento, la estrategia ha sido plantearlo en términos políticos y no judiciales, es decir, como una campaña de deterioro basada en una falacia.

De esta manera, se obviaba la realidad judicial que, por otra parte, ha sido desacreditada, llegando a acusar al tribunal de marcar los tiempos procesales con intención de influir en la campaña electoral.

Una vez llevado al ámbito político, el discurso es sencillo, cierre de filas interno y llamamiento a la movilización del electorado de izquierda ante una agresión de la extrema derecha al líder socialista.

Sin embargo, hay dos elementos que le han complicado a Sánchez el final de campaña y, sobre todo, las próximas semanas. El primero de ellos es el registro encargado por la fiscalía de la Unión Europea. Sin duda, sostener que todo es una campaña de ámbito local con la institución europea tomando una medida de estas características, pierde peso.

La segunda es que, si se lleva al debate político, no sirve únicamente arengar a las masas y polarizar la vida política, sino que debería haber explicaciones que lo acompañen.

En ese sentido, la mayor debilidad de Sánchez es el haber evitado cualquier justificación, atribuyendo todo al fango que crea la derecha. Esa falta de explicaciones va a llevar a sus adversarios políticos a exigir transparencia en lo que se refiere al patrimonio personal de su entorno familiar.

La diferencia entre lo judicial y lo político es que, en el primero de los ámbitos, la investigación se acota a determinadas acciones en las que pueda haber indicios de ilícito penal, en el segundo, puede ser cuestionada la honorabilidad de Sánchez y su entorno y deben darse explicaciones públicas.

Hay una manera rápida de zanjar el asunto, un ejercicio de transparencia en el que Sánchez demuestre que su entorno familiar no se ha enriquecido desde su llegada a la Moncloa.

En un proceso judicial se parte de la presunción de inocencia, al contrario de un debate político en el que el sujeto objeto de controversia suele verse obligado a clarificar que no ha cometido ninguna acción ilegal pero, además, que éticamente ha sido intachable su conducta.

Los peajes de la política son duros, pero es el campo de batalla en el que Sánchez ha decidido librar la batalla acerca de la honestidad de su familia. Es el momento de demostrar que nadie de su entorno se ha enriquecido desde que llegó a la Moncloa.