El Ministerio del Interior no solo rechazó montar una operación previa para intentar localizar a Carles Puigdemont cuando el líder de Junts anunció que regresaría a España para la investidura de Salvador Illa el pasado 8 de agosto. Tampoco lo hizo después del número de escapismo de hace hoy una semana bajo el Arco del Triunfo de Barcelona, ya que no ordenó un verdadero operativo de envergadura para tratar de arrestar al prófugo antes de que, como era previsible, volviera a Bélgica a través de las carreteras francesas.

Así lo revela el informe íntegro remitido por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska al juez del Supremo Pablo Llarena después de que éste le pidiera explicaciones por el “fracaso” en la captura de Puigdemont. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, constata que Interior se limitó a disponer controles en 15 puntos de los habituales en los que se coloca siempre la Guardia Civil y, sobre todo, la Policía Nacional en las cercanías de las fronteras de Francia, muchas veces como simple disuasión. Se trata de puntos más que conocidos por los habitantes de la zona y los turistas asiduos a los Pirineos catalanes.

Las ubicaciones exactas de estos controles en carreteras y vías secundarias (8 en Lleida y 7 en Gerona) se incluyen en el informe, pero no se especifican en esta información por motivos de seguridad. Interior, de acuerdo con este dosier, no desplegó efectivos en ninguna de las numerosas carreteras aragonesas, navarras o vascas que también dan acceso a Francia. Solo se controlaron dos de las cinco provincias que colindan con el país vecino, con el que existen operativos en la actualidad 27 pasos. Interior intenta justificar lo humilde de ese despliegue dado los “recursos disponibles”. Una supuesta escasez que llevó a que el ministerio tampoco ordenara ningún operativo de ‘jaula’ en las «vías de alta capacidad», que quedaron bajo la “responsabilidad del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra”.

Más allá de esa operación en carreteras secundarias, Interior -desvela el informe- sí que desplegó algunos agentes de paisano la tarde del jueves por si al prófugo se le ocurría dar otro golpe de efecto por la tarde y volviera a la zona. El pasado 9 de agosto, al día siguiente de que Carles Puigdemont apareciera y luego se esfumara en Barcelona sin ser detenido, Llarena exigió a Interior que, además de informarle sobre el poco exitoso despliegue, le facilitara la identidad de «los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación y de aquellos a los que se ha encomendado su ejecución o despliegue operativo».

Sin embargo, el informe oculta quién o quiénes fueron los mandos policiales o responsables políticos de Interior que tomaron la decisión de que la captura del prófugo más buscado de España no ameritaba un operativo “extraordinario” previo de los servicios de información para anticiparse a los movimientos del huido o un despliegue de efectivos encubiertos en los alrededores del escenario para apresarle, en el caso de que los Mossos, como así acabó ocurriendo, no lo hicieran.

El documento enviado por el equipo de Marlaska despacha la rendición de cuentas a Llarena en solo cinco folios y sin firma, y con el único membrete de Interior (sin departamento alguno). Tal y como anticipó este martes el ministerio a través de un comunicado, efectivamente el texto constata que ni Policía ni Guardia Civil montaron un operativo previo para tratar de localizar a Puigdemont y que solo a posteriori, cuando se constató que el líder de Junts se había vuelto a dar a la fuga, fueron movilizados los servicios de información y de fronteras.

“Cadena de mando”

Y esa es la argucia que utiliza Interior para no dar nombres: como no había “un dispositivo ad hoc, el mando del despliegue operativo y ejecución de todas las actuaciones generales o particulares dirigidas a la detención del procesado en rebeldía señor Puigdemont ha recaído en la cadena orgánica ordinaria, sin que se haya establecido una estructura específica para tal fin”. Es más, Interior se autoexculpa de todo y ya se anticipa a eximir a sus mandos y a sus políticos de cualquier responsabilidad ya que, dice, !no haber observado en dicha cadena de mando ninguna actuación que haya afectado negativamente a la eficaz consecución del objetivo de detención del expresidente señor Puigdemont».

En la integridad del documento llegado al Alto Tribunal aparecen de manera mucho más extensa y expresa las críticas y señalamiento de Interior a los Mossos por la fuga que en el extracto que el martes el departamento que dirige Grande-Marlaska hizo público. Según Interior, sus mandos se relajaron en este asunto porque la policía catalana, incluso, les avisó de que tenía todo listo para llevar al prófugo a Madrid.

“Eventual traslado»

“Este Ministerio del Interior fue informado de que por dicho cuerpo se establecería un dispositivo específico y especial para proceder a la detención del señor Puigdemont una vez fuese localizado y se diesen las circunstancias operativamente idóneas para proceder a la práctica de la misma. Y a su eventual traslado a Madrid si así era acordado por la Sala del Tribunal Supremo”, revela el documento al que ha accedido este periódico.

El informe, como sí que había anticipado Interior, subraya que los Mossos rechazaron el “apoyo operativo” que se les brindó. Y es ahí donde Interior responsabiliza al cuerpo autonómico de la fuga porque la información que llegaba de la policía catalana, arguye el ministerio, hizo que “no se dispusiera la implementación ad hoc de otro servicio de seguridad ciudadana y orden público paralelo al que iban a implementar los Mossos”. Y ello, insiste el Ministerio del Interior, porque de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, los Mossos tienen “como ámbito de actuación el conjunto del territorio de Cataluña” y tienen en la comunidad todas las competencias policiales, incluida la de “policía judicial”.