Si María Jesús Montero no está en lo que en la jerga deportiva son los minutos de descuento, lo parece. Su figura ya salió mal parada del episodio de la espantada y falsa retirada de Sánchez, en el que sus ambiciones mal medidas la traicionaron. Y desde entonces, no ha levantado cabeza.

Tampoco ha ayudado que los Presupuestos afronten una segunda prórroga consecutiva. Claro que en términos similares podríamos expresarnos sobre el gobierno al completo que deambula por esta legislatura muerta, pero no enterrada, en la lenta agonía del fin de ciclo.

La vicepresidenta, que como el presidente presenta una resistencia extraordinaria a abrazar la verdad y la transparencia en los asuntos públicos, ha redoblado la confusión en la polémica de la financiación especial para Cataluña pactada por el PSC y ERC como condición imprescindible para que Salvador Illa fuera president.

La titular de Hacienda se ha despachado con que el compromiso «ni es un concierto económico» para el Principado «ni es una reforma al uso del sistema de financiación» autonómica, sino «una fórmula que permite profundizar en el autogobierno al que Cataluña aspira y que considera importante para el desarrollo de sus competencias».

También ha manifestado que «se contempla la solidaridad como eje y núcleo» del acuerdo. Según su versión, la controversia es un asunto casi de cariz nominalista. «Podemos denominarlo de todas las formas que cada uno quiera». La nueva variable es la interpretación con la que la vicepresidenta pretende alimentar de cierta congruencia el discurso de un gobierno que unas semanas atrás renegaba del cupo catalán por insolidario e injusto con una lectura singular de lo suscrito.

El novedoso argumentario, que replicarán en breve el resto de ministros y el orfeón mediático, habrá que explicárselo con detalle a los barones socialistas que se habían escandalizado por un convenio que define lo que define. En palabras de Josep Borrell: «se asume el relato del «procés» y se dirige a un modelo más confederal que federal». Aunque hubiera sido por una vez, la vicepresidenta podría haber concretado cómo casa que la Generalitat «gestione, capte, liquide e inspeccione todos los impuestos», al tiempo que aumente «sustancialmente» su capacidad normativa, como consta en la literalidad del pacto PSC-ERC, con su aseveración de que ni es un concierto ni una modificación del modelo de financiación. Y cómo lo hace que la gestión de los impuestos recaiga de principio a fin sobre la Agencia Tributaria de Cataluña, que posteriormente entregaría al Estado el monto correspondiente al coste de los servicios que presta en Cataluña y por la solidaridad con el resto de territorios. Si no es un Concierto económico, con su Cupo, se parece. Como dos gotas de agua.

El sanchismo ya no es que mienta con descaro a los españoles, es que se burla de ellos, en un ejercicio inmoral y corrupto del poder que lo inhabilita. Atravesamos una emergencia democrática con un ataque desde el poder contra el régimen de libertades sin precedentes.