Desde algunos sectores pro gubernamentales se acusa a la oposición de pretender vincular a la magistrada Pilar Teso con La Moncloa para justificar el rechazo de los vocales «conservadores» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a su elección como presidenta del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. Sin entrar en las simpatías políticas de la candidata del sector socialista del Consejo, a la que se vincula con la asociación progresista, minoritaria en la carrera, de Juezas y Jueces para la Democracia, lo cierto es que Teso ya sonaba como futura presidenta del CGPJ, a propuesta del PSOE, en las negociaciones de renovación, frustradas en 2022.

No parece, pues, que sea una opinión descabellada la de quienes vinculan a la magistrada progresista con la insistencia de La Moncloa en su nombramiento, hasta el punto de haber llevado al bloqueo al pleno del Consejo. Rechazados por la facción progresista los candidatos de consenso propuestos desde el sector profesional, con perfiles independientes, no necesariamente conservadores, y currículums impecables, –como exhiben los magistrados Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Pablo Lucas–, se corre el riesgo de prolongar la actual situación de interinato en la presidencia del Tribunal Supremo el día de la apertura solemne del Año Judicial, que se celebrará el próximo jueves.

La situación no habla, precisamente, bien de la imagen de independencia que debe acompañar en todo momento al Poder Judicial , pero no es posible obviar que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno se han sucedido los episodios de intento de mediatización de la Justicia por parte de la izquierda, que llevaron a tener que intervenir a la Comisión Europea, pero que despojaron al CGPJ en funciones de su facultad para efectuar los nombramiento de relevo de jueces y magistrados en los distintos tribunales superiores, lo que provocó graves inconvenientes en su funcionamiento. Incluso, el Gobierno tuvo que cambiar dos veces la ley, rectificándose a sí mismo, para poder renovar el Tribunal Constitucional, ése sí, por la única razón de que podía imponer una mayoría progresista.

Fue, por supuesto, la resistencia numantina del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, la que impidió una renovación del Consejo de gobierno de los jueces que se convirtiera en un «rodillo» de las posiciones progresistas de la izquierda, como ha sucedido con el Constitucional. La cuestión es que el nuevo Consejo, con su regla de una mayoría cualificada en la toma de decisiones, obliga a buscar el consenso entre los dos sectores en liza, algo que no debería presentar mayor dificultad, pero, siempre, claro, que no prevalezca entre los vocales del PSOE la peculiar manera que tiene Sánchez de entender el «consenso».