Las diligencias que se archivan por ser los presuntos infractores menores de 14 años, inimputables por ley, han experimentado un incremento del 45,47%, “un importante repunte” frente al ejercicio de 2022, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondiente al ejercicio de 2023 y presentada este jueves con la apertura del Año Judicial.

“Se puede afirmar que en términos generales la criminalidad vinculada a las infracciones cometidas por menores de edad ha disminuido, si bien, ha aumentado cuando el presunto culpable no ha alcanzado la edad de 14 años, dato que ha de observarse con cautela pues al tratarse de un inimputable no es posible recabar prueba cierta de su responsabilidad; siendo el análisis más complejo”, señala la Fiscalía en su memoria, presentada este jueves, al inicio del año judicial, y consultada por Europa Press.

En concreto, según los datos de la Fiscalía, las diligencias preliminares archivadas por ser los presuntos culpables menores de 14 años, han pasado de 7.660 en 2022 a 11.143 en 2023. Aunque, según precisa, “en su mayor parte” se trata de delitos de carácter leve o menos grave, advierte de que “no deja de aumentar la preocupación de los fiscales por despuntar la presunta intervención de estos menores en otros delitos más graves, como lo son los delitos de acoso escolar, contra libertad sexual, la violencia intrafamiliar, y otros cometidos a través de las redes sociales”.

La Fiscalía subraya que resulta “reseñable” que, “de forma casi unánime”, las secciones de menores de territorios tan dispares en tamaño y localización geográfica como Tenerife, Madrid, Alicante, Sevilla, Illes Balears, Ourense o Barcelona, muestran su “seria preocupación y alarma por el incremento y auge de conductas cada vez más violentas realizadas por menores”.

En este contexto, la FGE demanda “una intervención temprana y multidisciplinar” y dotar de una mayor infraestructura a los recursos de protección destinados a abordar la problemática con los menores inimputables. Además, echa en falta “en la mayoría de comunidades autónomas”, programas socioeducativos dirigidos a menores inimputables similares a los que ya funcionan en Aragón o Madrid.

Por tipo de infracción, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física, las causas abiertas por estos delitos se mantienen en cifras similares al ejercicio anterior, en cuanto al número total de homicidios o asesinatos tanto consumados como en grado de tentativa cometidos por menores de edad, lo que, según precisa la Fiscalía, “no deja de ser preocupante” en la medida que ya se refirió su aumento en 2022 frente a 2021, manteniéndose en 101 causas incoadas a nivel estatal por estos delitos en el año 2023.

Además, los delitos de lesiones han pasado de 11.628 en 2022 a 12.394 en 2023, experimentando un incremento del 6,59% respecto al año 2022 y de 4,53% respecto al año 2021.

Los territorios más afectados por esta problemática indican que resulta “imprescindible” la adopción de medidas educativas “para que los infractores alcancen un nivel mínimo de madurez y autogestión personal que les alejen de influencias marginales”.

Sobre los delitos de violencia doméstica hacia padres y hermanos, la Memoria revela que en el año 2023 se incoaron 4.416 causas, lo que supone un incremento del 1,94% respecto al año 2022 en el que se incoaron 4.332 asuntos, si bien es una cifra inferior a los 5.055, 4.699 y 4.740 de los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente.

Las diversas secciones tienen percepciones dispares sobre esta modalidad delictiva, pues si bien en la gran mayoría las cifras se han estabilizado, hay secciones donde las cifras repuntan como en Tenerife, Sevilla y Madrid.

ACERCAMIENTO CON FINES TERAPÉUTICOS

La Fiscalía apunta que este tipo de delito genera “mucha preocupación porque reflejan la salud familiar, es decir, la salud del entorno en el que el menor se desarrolla y constituye su principal referente” por lo que considera necesario “habilitar recursos específicos de reeducación e intervención, y valorar la conveniencia de que las medidas de alejamiento permitan el acercamiento con fines terapéuticos”.

Además, respecto a los delitos de violencia de género, en 2023 se registraron 807 causas, lo que refleja un incremento del 11% respecto a las 727 de 2022, siendo la cifra más alta de los últimos cuatro años.

Esta tipología penal, según indica la FGE, resulta “muy preocupante”, pues junto con la relativa a los delitos contra la libertad sexual, “ponen de manifiesto que no están calando en nuestros jóvenes los grandes esfuerzos que se están realizando en la formación en igualdad”.

Asimismo, de los datos se desprende que en el año 2023 se han incoado 3.185 causas por delitos contra la libertad sexual, frente a las 2.947 que se incoaron en 2022, representando un incremento del 8,07% y “continuando en una alarmante espiral, que no para de crecer”.

Según recuerda la Fiscalía, el 7 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, tras lo cual desaparece la diferenciación entre el tipo penal de agresión sexual y el de abuso sexual, “lo que justifica que numéricamente se aprecie un incremento de delitos de agresión sexual de 149,18% en el año 2023 frente al año 2022 y que respecto a los delitos por abuso sexual se haya experimentado un descenso de 61,58%”.

Estos datos, según puntualiza la FGE, han de ser interpretados “con mucha cautela”, en tanto que en el grupo de ‘agresiones sexuales’ también tienen encaje los antiguos abusos sexuales; y bajo la rúbrica ‘abusos sexuales’ únicamente tienen cabida los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley que hayan sido denunciados durante este ejercicio, y que integran ese tipo penal.

Sobre las razones de este incremento, la Fiscalía señala que es “generalizada” la opinión de que confluyen diversos factores, destacando una “carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual, el consumo del alcohol u otras sustancias, el acceso temprano a contenidos pornográficos inadecuados sin una adecuada educación sexual y en valores en general, así como la constatada banalización de las relaciones sexuales y de la intimidad en particular”, tal y como reseñan las Fiscalías de Sevilla, Granada, Cáceres y Madrid.

En cuanto a la violencia y acoso en el ámbito escolar, destaca el caso de Guadalajara por el incremento del 520% de casos en su provincia, pasando de 5 en el año 2022 a 31 en el año 2023.

En esta línea, la Memoria también revela un “incremento” de los delitos cometidos haciendo uso de medios telemáticos e Internet, especialmente redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Por su parte, se han reducido los delitos cometidos por menores contra la salud pública (posesión de sustancias), los delitos contra el patrimonio y contra el orden público.

Sobre los delitos competencia de la sección de menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Memoria señala que en el año 2023 se han incoado 26 diligencias preliminares frente a las 8 incoadas en 2022, un “notable incremento de 225%”. Del total de diligencias, 19 corresponden a delitos de terrorismo de carácter yihadista.

En cuanto al número de sentencias, en 2023 se han dictado por los Juzgados de Menores un total de 14.868 sentencias, lo que refleja un descenso del 8,72% respecto a 2022 (cuando fueron 16.289). Además, se han impuesto en 2023 un total de 20.910 medidas judiciales, un 9,73% menos respecto al año 2022 (cuando fueron 23.175).