Antonio R. Naranjo.- El aceite de oliva ha subido un 25 % en el último año, y un escandaloso 170 % desde 2021, lo que sería llamativo en cualquier país del mundo pero especialmente en uno puntero en extensión y calidad de sus olivares: eso solo puede pasar cuando se combinan la agresión al campo (uno de los puntales de la Agenda 2030, idéntica en espíritu a la cátedra de Begoña Gómez y elevada a categoría legal implacable en Europa); la incapacidad para aplicar una ley de cadena alimentaria razonable y una voracidad recaudatoria de un Gobierno sin fondo en el estómago.

Este es el contexto en el que Pedro Sánchez ha subido el IVA de los alimentos básicos, a pesar de que la cesta de la compra sigue disparada y comer pescado, fruta o verdura con regularidad en España es ya un lujo al alcance solo de unos pocos privilegiados.

El Impuesto de Valor Añadido no distingue de rentas y recarga los precios por igual a las altas que a las bajas, que se regulan por el método inhumano de dejar de consumir. Y pese a ello, ha batido todos los récord de recaudación conocidos en 2023, último ejercicio cerrado, con 84.000 millones ingresados en esas arcas que dicen dedicarlo todo «a sanidad y educación» y luego se consagran a colocar a 1.600 enchufados en el Gobierno o a pagarle 44.000 euros en hoteles, restaurantes y viajecitos a Yolanda Díaz, de profesión Sus Postureos.

El mordisco del IVA solo es una parte de los beneficios espurios que extrae la insaciable maquinaria pública, resumida en los 272.000 millones recaudados por el Gobierno mientras la sociedad veía hundirse su poder adquisitivo y aumentar su riesgo de pobreza.

Esa formidable cifra, que excede de la extracción de una parte razonable de los ingresos para sostener un Estado del Bienestar decente y se adentra en el terreno de la confiscación, procede de la asfixia de los trabajadores, las microempresas y los autónomos, condenados a galeras por una recua de psicópatas fiscales que ordeñan a la clase productiva para sostener su ingeniería electoral.

El IVA oficial de España, que es del 21 %, es superior al de Alemania, Francia o el Reino Unido, y forma parte de un infierno fiscal que enriquece al Gobierno en relación inversamente proporcional al empobrecimiento de los ciudadanos: un poder rico con una sociedad pobre es siempre la antesala del liberticidio, que necesita dependientes para prosperar e ignorantes para que no se den cuenta, de lo que se encargan también las leyes educativas inspiradas en el mismo universo mental autoritario.

Haber incrementado los ingresos del IRPF un 10 % o subido las cotizaciones cerca de un 20 % son otros hitos del Gobierno con más ministerios de Europa, suntuoso en el gasto propio, tacaño en las inversiones y feudal en su relación fiscal con quienes lo mantienen.

Y ahora, cuando Paqui o Pepe vayan al supermercado a comprar y vean el precio del aceite de oliva, tendrán que plantearse tirar del de girasol, y tal vez se pregunten que cómo demonios hemos llegado a esto, con tanto olivo en España, mientras compra un kilo de garbanzos, dos huesos de espinazo y un poco de pollo para darle gusto al puchero.

Pero a su hijo de 18 años no le faltarán 400 euros para videojuegos, cortesía del ladrón que previamente había atracado a sus padres y mientras echa cuentas de cuánto le queda para volver a descansar al palacio de las Marismillas, donde le esperan unos míticos langostinos tigre a la salud de la famélica legión.