Jordi Bertomeu

AD. Ha sido precisamente el chismorreo, que tanto desagrada al papa Francisco, lo que ha llevado a su enviado, Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a ser denunciado ante la Fiscalía de Perú.

Una “Comisión especial”, formada por el arzobispo maltés Scicluna y el catalán Jordi Bertomeu, se desplazó varias veces a la nación peruana a fin de indagar en los presuntos abusos de la asociación “Sodalicio para la Vida Cristiana”. Tras realizar la investigación y volver a Roma, Caccia Arana y Sebastián Blanco interpusieron una denuncia contra Bertomeu ante la Fiscalía civil por “violación de secreto profesional”.
Al parecer, el carismático monseñor Jordi Bertomeu filtró a la prensa la conversación reservada que tuvieron en nunciatura la señora Arana y el señor Blanco, conocidos activistas católicos. La incontinencia verbal del sacerdote y la falta de respuesta a los requerimientos de los denunciantes ha llevado a Bertomeu a la picota.

Sin embargo, la reacción de la Santa Sede ha sido demoledora: si en el plazo de 48 horas no se retira la denuncia civil contra Jordi Bertomeu y se reparan los prejuicios causados, serán excomulgados de la Iglesia mediante decreto papal. Una vez excomulgados se les impone como limosna penitencial abonar 25.000 dólares cada uno a Cáritas Lima.

La carta con la amenaza de excomunión les fue entregada por el nuncio en Perú el 26 de septiembre conminándoles a cumplir ciertas condiciones en el plazo de 48 horas, si no querían ser anatemizados: La obligación de retirar la denuncia ante la Fiscalía y ofrecer, de manera inmediata, disculpas a la misión especial del Papa; ofrecer la verdad de los hechos a los medios de comunicación con los que hayan contactado; acreditar documentalmente ante el Nuncio Apostólico del Perú, en un término de 48 horas a partir de la notificación, el efectivo cumplimiento de estas disposiciones. Se les prohíbe también realizar en el futuro otra manifestación pública o denuncia sobre el objeto de la misión especial del Papa, en los medios de comunicación.

A través de un video de Youtube, los denunciados aseguraron que esta decisión habría sido motivada por personas que buscan “silenciarlos”: “No podemos, sino concluir, que el Santo Padre ha sido mal informado sobre estos hechos. Lo reflejado en el documento que hemos recibido, no se ajusta a la verdad”, afirma Caccia.

Asimismo, denuncian que su caso no ha seguido un debido proceso y que se les ha negado el derecho de defensa. Por otra parte, dicen que nunca cuestionaron la legitimidad de la misión Scicluna – Bertomeu, y que no han lesionado la buena fama de nadie. Por ello, no reconocerán los hechos que se les imputan, pues sería reconocer su culpabilidad.

Todo ello sin juicio, sin procedimiento canónico, sin defensa, sin nada. Sin recurso posible, porque la sentencia es del Supremo legislador: Francisco, en primera y única instancia. La misericordia pontificia, por lo visto, no es infinita. Mucho menos cuando se trata de aquellos que se atreven a denunciar a sus hombres de confianza.