Las semanas pasan, las reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos se suceden y la oposición frontal al pacto por el que el Gobierno aceptó conceder a Cataluña una suerte de concierto fiscal sigue sin diluirse. Fue el tercer viernes consecutivo de apretadas entrevistas en la Moncloa, fue el turno de los barones al frente de tres de las cuatro comunidades más castigadas por el sistema de financiación en vigor: el murciano Fernando López Miras, el valenciano Carlos Mazón y el castellanomanchego Emiliano García-Page. Los tres llevan tiempo demandando una reforma y los tres dejaron claro que no dan por buenos los dos argumentos con los que el jefe del Ejecutivo trató de convencerlos de que lo comprometido con ERC, a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, será bueno para todos. Es más, Page fue tajante: “No puede tomarse como base una propuesta que solo parte de Cataluña”.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado de explicar al término de las reuniones la posición del presidente, insistió en que el Gobierno garantizará que todas las comunidades reciban más de lo que están recibiendo ahora y que en ningún caso se verán afectados los principios de igualdad y solidaridad. Pero tanto los presidntes populares como el socialista, el mayor crítico de su partido con las cesiones realizadas por Sánchez al independentismo, cuestionaron que si hay una “financiación singular” pueda haber igualdad. Y Page ironizó con la promesa de más recursos. “¡Faltaría más! Desde que no se renueva el sistema, los ingresos del Estado han crecido mucho más que los de las autonomías”, remarcó.

La promesa de que el nuevo modelo se discutirá de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de coordinación entre el Gobierno y las comunidades, sí fue reconocida por los barones del PP que, aun así, dejaron clara su intención de llevar el debate a la Conferencia de Presidentes de este diciembre en Cantabria que Sánchez pretende circunscribir a la vivienda.

El castellanomanchego advirtió, sin embargo, de que a ese foro hay que llegar ya con un entendimiento previo porque el Gobierno atesora por sí solo el 50% del peso del CPFF y le bastaría con que una comunidad, Cataluña, votara con él para aceptar lo que -dijo frente a las ambigüedades en que se mueve su partido- “ya pueden poner en arameo, pero es un concierto como la copa de un pino”. Y al que “toda la izquierda sin excepción”, añadió con intención, se habría opuesto de haber sido planteado por la Comunidad de Madrid, la más rica.

El ministro Torres replicó que su voluntad es buscar el “consenso”. Incluso afirmó que el Consejo solo se convocará si ese consenso se ve posible. Pero, además de los temores de Page, está la realidad de que ningún cambio en el régimen de financiación común podría hacerse efectivo si no se cuenta con el respaldo, hoy por hoy difícil, de la mayoría absoluta del Congreso, que es quien tiene capacidad legislativa.

En tanto eso sucede, los tres presidentes que este viernes se vieron con Sánchez reclamaron una vez más, sin obtener respuesta, que se ponga en marcha un fondo transitorio de compensación a las comunidades infrafinanciadas; es decir, las suyas. Page, no obstante, comparte la crítica del Ejecutivo a los gobiernos del PP por reclamar más recursos al tiempo que bajan impuestos “a los ricos”; y llegó a plantear que se apruebe una ley de armonización fiscal para combatir el ‘dumping’, que el PP rechaza y que el Gobierno nunca se ha atrevido a plantear ante la dificultad de recabar los apoyos necesarios de todos sus socios.

La pelea por el agua

Entre López Miras, Mazón y el ‘pepito Grillo’ del socialismo español, acusado desde sus propias filas de hacer el juego al PP, hubo además otras diferencias. Este viernes cada uno fue a la Moncloa con su carpeta de demandas para inversiones en infraestructuras y acuerdos bilaterales y con una postura enfrentada -Murcia y Comunidad Valenciana por un lado y Castilla-La Mancha por otro- sobre el Plan Hidrológico y los trasvases Tajo-Segura.

Los populares, además, se atuvieron a la estrategia concertada con la dirección de su partido que, desde el primer momento, vio en la decisión de Sánchez de recibir ahora a los barones un intento de desarmar su discurso de oposición y sus acusaciones de ruptura de la igualdad entre españoles con concesiones concretas respecto a asuntos como la quita de la deuda; una medida que el Ejecutivo prometió abordar con todas las comunidades tras prometérsela a Cataluña en la negociación de su investidura con los independentistas.

El PP puso el grito en el cielo cuando trascendió aquel acuerdo, pero muchas de sus autonomías están deseosas de acogerse también a una condonación; y el caso de la Comunidad Valenciana es singularmente sensible. Sin embargo, tanto Mazón como López Miras, que por lo demás aseguraron haber tenido una conversación “cordial” con Sánchez, se atuvieron al guion pautado y defendieron que la quita también debe discutirse de manera multilateral y en paralelo a la reforma del sistema.