Antonio R. Naranjo.- Una ministra con cinco propiedades inmobiliarias a su nombre y un salario que jamás obtuvo ni obtendrá fuera de la política es la responsable de gestionar el problema de la vivienda en España, lo que ya de entrada genera alguna duda al respecto: es casi como poner a un fumador al frente del plan antitabaco, a un pirómano de jefe de los bomberos o a un vegetariano de responsable de un asador.

Algo insólito en la vida, pero perfectamente coherente con unos tiempos de burbuja política que permiten que una recua de iletrados, afectados por una mezcla de ignorancia y demagogia sin precedentes, se encargue de las mercancías más delicadas y tome decisiones por todos pese a no estar capacitados ni para ocuparse de sí mismos: solo hay que recordar que la titular de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, sabe tanto de la materia como usted o yo sobre la reproducción de pingüinos de Humboldt en cautividad.

Y pese a ello, regula jornadas, sube salarios, eleva impuestos y se comporta como si su voluntad, sus buenas intenciones, sus deseos más cuquis y su reaccionaria cosmovisión comunista fueran suficiente para generar empleo de calidad por el curioso método de arruinar a las empresas y lanzar el mensaje de que solo un imbécil se atrevería a emprender en España.

Con la vivienda ocurre algo similar: el Congreso con más propiedades per cápita de la historia, que facilitó milagros como el de que un profesorcete universitario y una excajera de hipermercado pudieran comprarse una mansión en la exclusiva Sierra madrileña, quiere ahora facilitar el acceso del respetable a un techo por el curioso método de enfrentarle con los propietarios, esos fascistas que acumulan patrimonio a costa de los derechos de la gente.

La dinámica del enfrentamiento de bloques es la marca identitaria del sanchismo, que escurre el bulto de su incompetencia animando al choque social siempre: entre ‘progresistas’ y ‘ultraderechistas’, entre hombres y mujeres, entre empresarios y trabajadores, entre ricos y pobres y ahora entre ‘grandes tenedores’ y sintecho, presentados los primeros como ‘fondos buitre’ y los segundos como víctimas de su codicia.

La realidad es que más del 90% de la vivienda en España pertenece a pequeños propietarios, que han hecho de esas sufridas inversiones su forma de ahorro. Y la realidad es que a muchos les cuesta tenerlas vacías y cerradas, pero les aterroriza ponerlas en el mercado de alquiler por miedo a quedarse sin vivienda, con deudas y pagando la luz y el gas al jeta de turno.

El diagnóstico sobre la vivienda en España no admite dudas: es imposible adquirir o arrendar una en las grandes ciudades, con esos bajos salarios fruto de la famélica realidad empresarial y de la atroz presión fiscal sobre las rentas del trabajo.

Pero la terapia en marcha no puede ser más equivocada: en lugar de animar a los propietarios a sacarlas al mercado, con la seguridad jurídica y los incentivos fiscales que le animarían; le convierten en un Tío Gilito sin corazón merecedor de una especie de expropiación del Estado o del caradura de turno.

Y en lugar de incentivar la promoción de suelo residencial para el alquiler barato o en propiedad (con un precio de venta posterior fijado y eterno que evite la especulación que ahora vemos con las VPO construidas en los 90), se pone en la diana a los propietarios para hacerles culpables de la escasa oferta.

Un país que dedica más energías a desahuciar al propietario que en desalojar al okupa, a proteger al etarra que a la víctima, a atacar al empresario que a escucharle o a devaluar al policía que a poner en su sitio al delincuente, es un país sin futuro.

Y ese estropicio lo están provocando tipos que viven en Galapagar, veranean en palacios del Estado, tienen hermanos en Portugal empadronados en mansiones y, en general, son también okupas del Estado de derecho, mejor peinados y vestidos, pero con el mismo olor a zángano debajo de tanto perfume.