Un veterano militar y padre de dos hijos, Adam Smith-Connor, ha sido declarado culpable por el Tribunal de Magistrados de Bournemouth tras rezar en silencio cerca de una clínica abortista en noviembre de 2022. Este sorprendente fallo ha generado gran polémica, ya que se trata de la primera condena en la que los «pensamientos privados» de una persona han sido considerados ilegales en Reino Unido.

La condena de Smith-Connor, quien fue interrogado por la policía acerca de «la naturaleza de sus oraciones», le ha supuesto una libertad condicional, lo que implica que solo será sentenciado si comete otro delito en los próximos dos años. Además, deberá hacer frente a los costos del proceso, que ascienden a 9.000 libras. El tribunal basó su fallo en que el acto de oración, aunque no se manifestó de forma externa, evidenciaba una «desaprobación del aborto» debido a su postura de cabeza inclinada y manos entrelazadas.

Smith-Connor, que sirvió durante 20 años en la reserva del ejército y ha trabajado como profesional de la salud y voluntario de la iglesia, expresó su preocupación por el fallo: «Hoy, se ha decidido que ciertos pensamientos silenciosos pueden ser ilegales. Eso no puede estar bien. Solo le recé a Dios en la privacidad de mi mente, y ahora me consideran un criminal».

La decisión del tribunal ha provocado una fuerte reacción de figuras públicas y activistas. Miriam Cates, política británica, declaró: «No estamos en 1984, sino en 2024. Es indignante que se persiga a alguien por lo que piensa, especialmente cuando los recursos son limitados y este tipo de juicios son un derroche de dinero público». Y es que los ayuntamientos de Bournemouth, Christchurch y Poole han gastado más de 90.000 libras en honorarios legales para procesar este caso, a pesar de enfrentarse a advertencias de quiebra y tener que reducir otros gastos esenciales.

El caso de Smith-Connor ha puesto en el centro del debate las zonas de protección o «zonas de amortiguación» implementadas alrededor de las clínicas de aborto en diversas ciudades del Reino Unido. Estas zonas prohíben cualquier tipo de manifestación o expresión pro-vida, incluyendo ofrecer ayuda a mujeres en crisis de embarazo o incluso rezar en silencio. A raíz de estas medidas, varias personas han sido investigadas por actividades que antes no se consideraban delictivas.

El Parlamento del Reino Unido aprobó la creación de estas zonas de protección en virtud de la Ley de Orden Público de 2023, que prohíbe influir en la decisión de alguien de acceder a los servicios de aborto. El 31 de octubre es la fecha prevista para la implementación a nivel nacional de estas áreas restringidas.

Por su parte, el abogado de Smith-Connor, Jeremiah Igunnubole de ADF UK, calificó el fallo como «un punto de inflexión legal de enormes proporciones». Según Igunnubole, se trata de un ataque directo a las libertades fundamentales de pensamiento y expresión: «Un hombre ha sido condenado por el contenido de sus oraciones silenciosas en las calles públicas. Esto representa un peligroso descenso en la protección de derechos humanos básicos».

Actualmente, cinco consejos locales en todo el Reino Unido han establecido estas zonas de censura en torno a las clínicas de aborto, y cada vez más áreas se suman a esta regulación, generando preocupación por las libertades civiles en el país.

La Gaceta