El caso Errejón ya está judicializado y su desarrollo amenaza con ser un tormento para los partidos en los que tenía protagonismos y responsabilidades de primer orden, Más Madrid y Sumar. A un juzgado de instrucción de Madrid le corresponde ahora investigar los hechos denunciados por una actriz y presentadora, que tuvieron lugar en septiembre de 2021. Probablemente habrá más investigaciones, porque, si son ciertas las informaciones que manejaban dirigentes de Sumar y el ya excompañero de Errejón, Pablo Iglesias, serían varias las mujeres que habrían sido víctimas del cofundador de Podemos. Tras su renuncia al acta, Íñigo Errejón no es aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ni goza de inmunidad frente a una detención policial, que no se ha producido hasta el momento, lo que contrasta con la contundencia exhibida en otros casos de mucha menor gravedad.

El camino abierto por la Justicia va a ser paralelo al de las responsabilidades políticas que aguardan a los dirigentes de Sumar y Más Madrid. Si sabían desde antes del 23-J que había denuncias anónimas en redes sobre los abusos sexuales atribuidos a Errejón, como ha puesto de manifiesto Loreto Arenillas –una diputada en la Asamblea de Madrid a la que se ha obligado a dimitir–, hay una culpa inicial por pasividad. A esta izquierda feminista e inquisidora nunca le ha supuesto un problema condenar sin denuncia formal, sin pruebas fehacientes y sin el juicio debido. Le bastaba aplicar un peculiar ‘Derecho penal de autor’ para emitir veredicto. Con Errejón –encargado por Sumar de preparar su programa marco para el congreso de diciembre– por lo que se ve, sus compañeros tuvieron una especial consideración. Iglesias afirmó ayer que algo ya se sabía y también los dirigentes de Sumar conocían informaciones nada favorables a Errejón. Las preguntas son muy sencillas: ¿estaba Yolanda Díaz al corriente de estas informaciones cuando nombró a Errejón portavoz de Sumar o cuando le encargó, más recientemente, un papel destacado en la próxima asamblea del partido?, ¿quiénes en Sumar y en Más Madrid lo sabían? Son preguntas elementales, sin necesidad de acudir al manual de cancelación social que la izquierda aplica sin titubeos.

Los grupos políticos y sociales de izquierda claman contra las estructuras de encubrimiento de abusos sexuales, como hacen con la Iglesia, así que ahora es el momento de que se apliquen su vara de medir. Que Sumar afirme que inició un «proceso interno» de investigación la semana pasada no es, precisamente, una circunstancia que atenúe su responsabilidad, sino una agravante de su culpa «in eligendo» en cuanto entraña el reconocimiento de que habían elegido como portavoz a un sospechoso de abusos o agresiones sexuales. Delitos que merecerán, si son juzgados, un reproche penal menor gracias a la ley del ‘sólo sí es sí’.

El caso Errejón, desde la perspectiva política, es devastador para el crédito de la izquierda asociada al PSOE y pone a Sánchez en otro problema de dimensiones imprevisibles. Su socio de Gobierno –Sumar– es un partido bajo sospecha de encubrimiento de delitos contra mujeres, con un discurso feminista arruinado bajo los escombros de decenas de violadores excarcelados y por el peso de un exportavoz que ha reconocido públicamente los hechos. Esto sí se aproxima mucho a la figura del «delincuente confeso» que tanto gusta al Gobierno aplicar a los familiares de sus rivales políticos. Yolanda Díaz sabe bien que está sentenciada. La también ministra Mónica García, jefa de Errejón en Sumar, también queda comprometida por su inacción ante las denuncias que le habría transmitido a su segunda, la ahora portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, su subordinada, la mencionada Arenillas. En general, la izquierda española se ha topado con la factura de sus imposturas.