La voracidad fiscal y la insensibilidad mostrada por este Gobierno parece no tener límites. Con España consternada por los efectos de una Dana mortal especialmente en la Comunidad Valenciana, pero también en Castilla-La Mancha y en Andalucía, la noche del pasado miércoles, el Gobierno introdujo unas enmiendas en el Proyecto de Ley que fija en el 15% el mínimo del Impuesto de Sociedades. No es algo nuevo ni mucho menos, aunque nos siga sorprendiendo, que se utilice cualquier norma del carácter que sea para introducir cambios que nada tienen que ver. Así que hacía las 9 de la noche conocimos que aprovechando esa norma, se perpetró una subida de casi 10 céntimos en el precio del diésel, el tabaco, los cigarrillos electrónicos, el IVA de los pisos turísticos o el IRPF. En total, unos 13 millones de contribuyentes afectados y cerca de 5.000 millones de recaudación extra.

Ya contamos la semana pasada la intención de Hacienda de eliminar la declaración conjunta del IRPF, lo que afectaría a 3 millones de contribuyentes y que aportaría a las arcas del Estado otros 2.000 millones de euros más. Lo más sangrante de todo esto es que se produce en un momento en que los propios datos publicados señalan que hasta septiembre la recaudación se sitúa en 200.000 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo de 2023, batiendo otro récord histórico. Aún así, la deuda pública no para de subir en términos absolutos y el agujero entre ingresos y gastos sigue ahí como una losa.

Está claro que Sánchez decidió desde el principio gastar mucho a costa de ingresar más y endeudarnos hasta las cejas. Ahora, que han entrado en vigor las reglas fiscales, la política es la misma. Si hay que ir reduciendo el agujero de las cuentas públicas, se hará con más impuestos, pero sin bajar el gasto público, aunque esto acabe estrangulando la economía. De hecho, los últimos datos de aumento del PIB en el tercer trimestre no se distinguen mucho de los que venimos observando desde 2019 y de lo que ha advertido hasta el FMI. Y es que una gran parte del crecimiento económico se debe al gasto público y a las exportaciones y muy poco al consumo privado, mientras cae la inversión, lo que se reflejó en una mínima caída del paro y en un claro estancamiento de la creación de empleo.