Antonio R. Naranjo.- Teresa Ribera es la síntesis siniestra del sectarismo ideológico y la incompetencia absoluta que explican buena parte de la tragedia valenciana en vigor, que ha sacado lo mejor del pueblo y lo peor de la política, una vez más centrada en ponerse a resguardo que en resguardar a quienes les mantienen.

Suyo es, y de otros como ella que llevan 30 años taladrando al sentido común con su gota malaya integrista, la cadena de despropósitos que explican las muertes y aumentaron los estragos: la suicida anulación de un Plan Hidrológico, el abandono sistemático de obras hidráulicas guardadas en el cajón desde hace lustros, la incompetencia kamikaze de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la tibieza de la Aemet y el señalamiento, para tapar todas esas vergüenzas, de un enemigo cierto pero difuso como el cambio climático.

Nadie puede discutir ese fenómeno, pero solo los apocalípticos juegan en la misma liga que los negacionistas: se sirven de una evidencia científica, constante a lo largo de 4.500 millones de vida de la Tierra, para señalar unos culpables absolutos, los ciudadanos, e imponer unos remedios inútiles, pero válidos para imponer una agenda ideológica opresiva y auto indultarse sus propios errores.

Teresa Ribera se cree Nostradamus, pero es la Bruja Lola presagiando la desaparición de Vigo dentro de tres siglos por la subida del nivel del mar, mientras desprecia el tsunami inminente en Valencia, avisado por el típico funcionario que comunica con la misma falta de pasión el calendario de festivos que la hora exacta de una tragedia y recibido por ese tipo de político que cree que le pagan para conspirar y sobrevivir.

Con ese bagaje, más que Comisaria debería estar en una Comisaría y, más que un examen en Europa, debería estar prestando declaración ante un juez, dentro de una investigación implacable que determine cuál es el precio justo que ella, su jefe, su compañero Marlaska, media Generalitat valenciana y todos los altos cargos alojados en los estrepitosos organismos y agencias incompetentes, han de pagar con urgencia para empezar a restituir un poco los daños aumentados por sus negligencias, omisiones y fallos.

En ese contexto, el PP no podrá justificar ante nadie que el veto inicial a Ribera como Comisaria en su examen provisional, no sea definitivo y cuente con todo el respaldo de su grupo europeo: si al final prospera su candidatura y, tras los fuegos artificiales previos, semejante calamidad consigue un ascenso en lugar de una dimisión con oprobio, la sensación de apaño y de estafa estará más que justificada.

Los populares deben dar ejemplo para exigirle al Gobierno que abone, por una vez, la factura de sus propios estropicios. No respaldar, ni por acción ni omisión, a una incompetente sectaria que ha incumplido con alevosía sus funciones más elementales, es una obligación moral, política y humanitaria.

Y tal vez completarlo con la demostración de que, en el partido de Feijóo, no se espera a que escampe sin asumir responsabilidades políticas de primera magnitud que, más allá de otras de carácter legal de maduración más tardía, lancen un mensaje de decencia y respeto a la ciudadanía.

Bloquear a Ribera y apartar a Mazón devolverían el debate al lugar correcto, en el que siempre ha estado por mucha propaganda que lo esconda: el papel nefando, artero, imprudente y letal del presidente del Gobierno.