Begoña Gómez se negó a entregar a la Universidad Complutense de Madrid las cuentas de su cátedra tras ser imputada
Son 10 folios cargados de tensión, reproches y ‘puñales’. Es el acta de la ‘comisión mixta de seguimiento de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC)’ de Begoña Gómez celebrada al medio día del pasado 2 de julio en una sala de la cuarta planta del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Ese documento, incluido en el sumario al que ha tenido acceso este periódico, revela que para entonces, pasados más de dos meses tras conocerse la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, la universidad comenzó a pedir explicaciones económicas y de gestión a la codirectora del máster y de la cátedra y que ésta, lejos de colaborar, se negó en redondo a entregar las cuentas de sus proyectos académicos, A día de hoy, según fuentes del centro, esos números siguen sin estar a disposición de la Complutense.
En septiembre, la UCM acabaría cerrando la cátedra y el máster de TSC, además de la otra enseñanza anterior de Gómez sobre captación de fondos. Según la versión oficial, fue por la falta de respuesta entre el alumnado, pero sin embargo el enfado por la opacidad de Gómez era ya evidente en verano porque la imputada se negó a entregar las memorias de actividades y económicas que le reclamaban, relativas a los dos últimos cursos.
En ese encuentro participaron cinco personas a parte Gómez, entre ellas José María Coello de Portugal, vicerrector de Planificación; Manuel Ruano, codirector de la cátedra; y un representante de Caixa, patrocinador. Desde el inicio, Coello de Portugal mostró su preocupación por las diligencias previas abiertas contra Gómez y el hecho de que esta cátedra fuera uno de los epicentros de la investigación. Por ello, exigió la rendición de cuentas ante la comisión “en cumplimiento de la normativa de aplicación y ello con independencia de las diligencias judiciales que se estén desarrollando”.
“Desconocimiento de las actividades”
Ya de partida, directamente el vicerrector mostró su “oposición” a dar por aprobada sin más la memoria de las actividades desarrolladas por la cátedra durante el curso 2023 y 2024, algo que debía haber sido casi protocolario. Denunció que en la última reunión de la comisión del 3 de febrero se había acordado presentar una “anexo al acta de las memorias de actividades y económica”, “lo que no consta que haya tenido lugar”. Coello de Portugal, que defendió que había que “observar de forma estricta los requisitos y solemnidades legales y estatutarios”, sostuvo que por “aplicación del principio de prudencia”, debería dejarse en suspenso la aprobación” por “un desconocimiento de las actividades desarrolladas”.
El vicerrector, que acabó consiguiendo que la comisión no diera el visto bueno a ciegas a los números y actividades de la cátedra, insistió en la “conexidad” de estas cuentas con la investigación del juez Juan Carlos Peinado y en el hecho de que se debía ser “prudentes no aprobando lo que está siendo objeto de diligencias judiciales.
A tenor del acta, este cuestionamiento y las reiteradas menciones a su imputación, acabaron de encender a la mujer de Pedro Sánchez, que se presentó como ofendida. Argumentó que las actividades desarrolladas en el seno de la cátedra extraordinaria habían sido explicadas en la propia reunión, sin necesidad de envío previo del documento de las memorias. Y explicó que las había llevado “redactadas para ponerlas en común” como se había hecho con anterioridad.
Y fue en ese momento cuando Gómez se enrabietó y arguyendo que si las memorias no iban a ser aprobadas a la espera de conocer el resultado de la investigación, no iba a “hacer entrega de las mismas”, ya que no “hay exigencia de exposición ninguna de las actividades en la presente reunión”.
La bronca no acabo ahí. El vicerrector reprochó a Gómez que no estuviera colaborando en la investigación sobre la supuesta apropiación indebida del software de la Complutense que varias empresas sufragaron para su máster, pero que acabó siendo gestionado desde la web de la empresa de la imputada. “No consta que tal información haya sido aportada, aunque ha transcurrido el plazo conferido”, zanjó el alto cargo.