ED. – La declaración ante el juez de todo imputado ha de tomarse con cautela, por definición, cuando implica de un modo u otro a terceros y busca un beneficio personal en términos penales. Esto valía para el polémico excomisario Villarejo, a quien algunos medios bien sectarios daban pábulo o denigraban en función del aprovechamiento de su relato para sus fines partidistas, y sirve desde luego para Víctor de Aldama.

Pero que su testimonio deba ser acogido con precaución no significa que no sea muy relevante si, además, viene contextualizado por una catarata de hechos constatados, documentados e irrefutables. No se trata de que Aldama se hiciera una fotografía con Sánchez en una sala reservada. Ni siquiera que ahora asegure que, en ese encuentro, el líder socialista le aseguró que conocía sus servicios y estaba muy agradecido. No incluso de que detalle supuestas entregas económicas a dirigentes del PSOE.

Eso puede ser cierto o no y significar, de momento, lo que cada uno pueda querer interpretar. Pero lo que no admite interpretaciones en la presencia del mismo personaje, hoy en prisión preventiva y con el traje de arrepentido, en todas las tramas que acorralan al Gobierno y particularmente al presidente.

Porque Aldama fue quien gestionó el rescate millonario de Air Europa, quien acudió a Barajas con la mano derecha de Sánchez a reunirse clandestinamente con Delcy Rodríguez, quien obtuvo el permiso del Gobierno para comercializar hidrocarburos, quien participó en la trama de venta de mascarillas a Administraciones socialistas y quien, entre otras cosas, ayudó a Begoña Gómez en la promoción de su cátedra instrumental.

Nada de lo que Aldama haya hecho pudo prosperar sin interlocutores oficiales del máximo nivel, con el diputado Ábalos, pendiente de que el Tribunal Supremo concluya los trámites en el Congreso para poder procesarlo. Y nada de lo que eventualmente pudiera facilitar Ábalos, lo hubiera hecho sin el visto bueno del propio presidente.

En qué condiciones se lograra todo ello, sean delictivas, legales o indemostrables, es una cuestión que tendrán que dirimir los tribunales, con todas las garantías inherentes a un Estado de Derecho, extensibles a Sánchez, por mucho que él jamás las respetara con sus rivales.

Pero que todo lo que las distintas tramas consiguieron fue en concurso con el Consejo de Ministros, algún Ministerio o varias Comunidades Autónomas, es ya una certeza.

Si a todo ello, gravísimo y con pocos antecedentes, se le añade la condición de investigados se la esposa y del hermano de Sánchez, solo puede llegarse a una conclusión: el líder del PSOE está cercado por la corrupción, otra razón más para exigirle que dimita, libere a España de sus incontables nubarrones y le permita progresa por la senda de una decencia de la que él carece.