¿Hasta cuándo van a aguantar los socios del Gobierno haciendo como si no se enteran de que les están engañando? La pregunta corre por las salas de máquinas del PNV, de ERC y hasta de Junts. Pero nadie puede discutir que el Gobierno ha conseguido salvar una nueva semana al borde del abismo, si bien se multiplican las señales de que la capacidad de supervivencia de Pedro Sánchez no deja de mermar. Sus socios no se moverán por la corrupción hasta que no haya sentencia, «como con Mariano Rajoy», según aclaran, pero sí les preocupa el desorden del día a día.

En este sentido, asumen que la reforma fiscal ha retratado la ruptura total del «bloque progresista», que sí funcionó en el anterior mandato, y atisban, dicen en la izquierda, un horizonte «chubascoso». «Veremos qué recorrido tiene la legislatura».

El bloque de izquierdas señala a Junts: «La mayoría progresista ya no existe con un Junts que hace guiños a la derecha neoliberal». Los posconvergentes han conseguido imponer su visión y suprimir el impuesto a las energéticas, algo que el Gobierno se ha comprometido, al mismo tiempo, a recuperar con ERC, Bildu y Podemos. ¿La fórmula? Un real decreto que se antoja casi inviable: los de Míriam Nogueras no votarán a favor porque hay muchas inversiones en juego en Tarragona con Repsol.

Por tanto, las desavenencias ideológicas vistas en materia fiscal se reproducirán con los Presupuestos, aunque a mayor escala porque ahí se juega el reparto de dinero y a qué proyectos se destina. Y, en este sentido, Junts y Esquerra, al no formar parte ahora del Gobierno de la Generalitat (aunque sí tienen poder municipal), van a encarecer todavía más el acuerdo porque buscarán arrancar medidas de impacto, que puedan rentabilizar electoralmente sin tampoco allanarle el camino a Salvador Illa.

De entrada, queda por alcanzar todavía un acuerdo sobre el techo de gasto, bastante avanzando, y donde Junts exige mayor capacidad de endeudamiento para las autonomías: en concreto, piden una tercera parte de todo el margen de las Administraciones Públicas, lo que supone más de 10.000 millones para las comunidades.

Esquerra y Junts aprietan, y Podemos tampoco se va a quedar atrás porque necesita marcar perfil en un momento clave para su futuro político. La legislatura tiene muchas más opciones de naufragar por las desavenencias ideológicas dentro del bloque de la investidura de Sánchez que por las revelaciones de Aldama o por la «pasta» –Moncloa parece dispuesta a comprometerse en esto último en lo que se le pida–.

Por cierto, para entender el nivel del juego de engaño cabe recordar que Junts todavía tiene pendiente ver cómo se concreta la reforma en materia de inmigración, pactada en enero del pasado año para sacar adelante el decreto anticrisis. Ahora parece que sí está muy avanzada y habrá que ver hasta dónde llega la cesión de competencias.

Este tema es prioritario para Junts, y también su capacidad de colgarse medallas por el dinero que llega a Cataluña, pero en partidas ejecutables directamente, no con promesas que luego no se convierten en «cheques». Los de Carles Puigdemont actúan siempre bajo la premisa de que no forman parte de ningún bloque, pero siguen «liados» con el PSOE.

La Razón