La información que hoy lleva a su portada ABC tendrá graves consecuencias judiciales y políticas, porque afecta a unos hechos investigados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo e implica directamente al núcleo duro de la Presidencia del Gobierno en la comisión de esos hechos. Según los datos que ha contrastado ABC, La Moncloa desempeñó un papel principal en la campaña de filtraciones contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La jefa de Gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, remitió el pasado 14 de marzo a Juan Lobato, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, un correo electrónico con la comunicación que el abogado de González Amador había enviado a la Fiscalía para proponer una negociación. La pretensión de La Moncloa era que Lobato hiciera uso de ese documento en una sesión de control a Díaz Ayuso. Lobato se negó por considerar que la difusión de esas comunicaciones podía ser constitutiva de delito. En la actualidad, Lobato está en la diana de Ferraz.

Óscar López era entonces la mano derecha de Pedro Sánchez y, por razón de su cargo, responsable de asistirlo directamente, según se prevé en la normativa de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. Por tanto, la actuación de la jefa de Gabinete de Óscar López ha de entenderse ejecutada por orden de este, pues no cabe imaginar que Sánchez Acera decidiera actuar por su cuenta y riesgo en un asunto tan delicado y al que el propio Pedro Sánchez dedicaba alguna que otra declaración pública. Es notoria la fijación del PSOE y del presidente del Gobierno contra Díaz Ayuso, a quien han atacado por todos los flancos familiares posibles, vista la escasa solvencia electoral de los candidatos socialistas en Madrid para desbancarla de la Puerta del Sol.

Mientras La Moncloa maniobraba con la Fiscalía General del Estado en la difusión de mensajes a medios afines, con la que se pretendía dar cobertura a Lobato, este fue capaz de resistirse a la presión de aquellos días. El líder de los socialistas madrileños no esperó a que Ferraz moviera ficha contra él, precisamente en la persona de Óscar López, para distanciarse de sus maquinaciones. Visto el desarrollo de los acontecimientos –la apertura de la investigación judicial al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de Madrid–, Juan Lobato decidió, antes de que el nombre del ahora ministro fuera filtrado como su rival territorial, acudir a una notaría de la capital para dejar constancia de la cadena de mensajes de WhatsApp con Sánchez Acera y crear prueba de su negativa a participar en unos hechos investigados como delito de revelación de secretos.

Ante estas revelaciones, la lógica jurídica dice que el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tendría que extender la investigación a Óscar López, aforado ante este órgano como ministro de Transformación Digital y Función Pública, y a quien fuera su jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera. Como testigo cualificado de lo sucedido, Juan Lobato debiera ser llamado a declaración y a aportar copia del acta de manifestaciones que firmó ante el notario madrileño. Y estas serían unas diligencias elementales, a la vista de las implicaciones de unos y otros, compatibles con una mayor profundización en el protagonismo del propio Pedro Sánchez, quien sumaría a la lista de investigados cercanos nada menos que a quien ha sido su jefe de Gabinete, es decir, el ejecutor de sus órdenes, el custodio de sus confidencias y el testigo de cuanto ha sucedido en La Moncloa en este turbulento primer año de la segunda legislatura de Pedro Sánchez.

ABC

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Políticamente, los efectos de esta información de ABC no pueden ser menos graves que los judiciales, porque vuelven a poner la Presidencia del Gobierno en el torbellino de actos investigados judicialmente y éticamente inaceptables. Toda una confusión de intereses políticos y partidistas en la que se ponen al servicio de su satisfacción a la Fiscalía General del Estado y a los medios de comunicación. La Moncloa se está revelando como la verdadera ‘máquina de fango’ que embarra la vida pública española. Tras anunciar una declaración oficial para esta misma mañana, el jefe del Ejecutivo puede volver a descalificar a jueces y periodistas, pero el nivel de su responsabilidad en este caso, al menos política, no hace sino incrementar el deterioro de unas instituciones, de la Fiscalía a la propia Presidencia, que lejos de servir a la nación son utilizadas a conveniencia de parte y, más aún, como meros instrumentos de una guerra política que se desarrolla en el fango.