En 2023 se produjeron en España 4.890 agresiones con penetración. O lo que es lo mismo: trece violaciones al día, una cada dos horas. Una terrorífica cifra que, lejos de frenarse, se dispara año tras año. Y es que, según el “Balance de Criminalidad del primer semestre de 2024”, el número de violaciones ha crecido un 6,9%, respecto al mismo período del año anterior. Así, de seguir esta progresión, este año podría finalizar con 5.227 víctimas de agresión con penetración.

Y frente a esto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, envuelto en un mar de polémicas, parece estar más preocupado por “limpiar” su imagen que por atajar esta terrible lacra. Porque, si observamos los datos, el imparable aumento de violaciones no es lo único alarmante. Según refleja el “Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual de 2023”, desde que Sánchez preside el Gobierno, el conjunto de delitos contra la libertad sexual no ha dejado de crecer pasando de 13.782 en 2018 (año en que llega a La Moncloa) a 21.825 en 2023. Y todo apunta a que este año será aún mayor, ya que el último balance de criminalidad señala que los delitos de esta índole han aumentado un 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Por no hablar del número de agresiones que no se denuncian y que no figuran en ningún censo ni estadística oficial.

Una maraña de información de la que se extraen conclusiones tan graves como que más del 42% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual en 2023 eran menores de 16 años o que uno de cada cinco delitos denunciados ante la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una violación.

Falta de medidas “contundentes”

Durante la presentación del citado informe de 2023, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la creación de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (Onvios), con un doble objetivo: lograr que las Fuerzas de Seguridad tengan un protocolo común de actuación y desarrollar un sistema de registro, seguimiento y prevención de los delitos sexuales, es decir, una herramienta informática que interconectará las bases de datos policiales. Sin embargo, a juicio del PP, tanto el Gobierno como el ministro del Interior no han abordado este problema “con contundencia”.

Por este motivo, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo registró el pasado 20 de noviembre una moción en el Senado con el fin de frenar “el aumento constante de delitos contra la libertad sexual, que ataca lo más íntimo de nuestra libertad, destroza la vida de sus víctimas y producen rechazo en toda la sociedad a hombres y mujeres”. Y si bien no entra a valorar el coste económico de sus exigencias, solicita al Gobierno que adopte las siguientes medidas:

– Dotar de más medios humanos, técnicos y económicos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los equipos médicos, forenses y psicológicos especializados en agresiones sexuales.

-Llevar a cabo una nueva macro encuesta de violencia contra la mujer, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, teniendo en cuenta que la última publicada es de 2019.

-Que la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, de reciente creación, articule métodos educativos dirigidos a la población reclusa por delitos sexuales.

Asimismo, que presente un balance del Plan Estratégico para la Prevención de Violencias Sexuales del período 2023 y 2024.

-Publicar el número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la ley del “solo sí es sí”, desde su aprobación y actualizar mensualmente esta información, tanto las excarcelaciones como las rebajas de penas.

-Crear desde el Ministerio de Infancia y Juventud un Plan Estatal de prevención de la ciberdelincuencia sexual y otros delitos sexuales contra los menores.

Las propuestas “fallidas” de Marlaska

El PP recrimina al Ejecutivo su desidia y su falta de acción ante el aumento incesante de las agresiones sexuales. Hay que recordar que el 90% de las víctimas son mujeres y que durante el año pasado se denunciaron 13 violaciones al día y 55 agresiones sexuales (sin penetración). También hay que hacer hincapié en el incremento exponencial de víctimas menores de 16 años. Y pese a estos datos, la oposición acusa al Gobierno de no abordar el problema con contundencia.

Así, señalan que durante entre las propuestas anunciadas por Grande-Marlaska figuraba el “Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023”. Un anuncio que lejos de ser la panacea para solucionar el problema, no es más que la continuidad del plan aprobado durante el gobierno de Mariano Rajoy (plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2019). Una iniciativa centrada, como su nombre indica, en la trata y en la explotación de personas víctimas de trata.

Pero el ministro también se ha referido en contadas ocasiones a la polémica ley del “solo sí es sí”, como herramienta para luchar contra los abusos sexuales. Sin embargo, desde el PP insisten en que “no ha sido así, y no tenemos más que consultar los datos”. Finalmente, sobre su último “Plan Estratégico para la Prevención de Violencias Sexuales” de 2023, los populares consideran que “a la vista de los datos del propio Ministerio del Interior, parece ser que no está funcionando como debería”.