Sánchez y Puigdemont.

El panorama político en España atraviesa uno de sus momentos más delicados debido a las inaceptables presiones que Carles Puigdemont ejerce sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde su refugio en Waterloo, el fugado de la justicia española ha logrado situarse como pieza clave para garantizar la investidura del líder socialista, utilizando su influencia para imponer exigencias que comprometen la unidad y la soberanía del país.

El acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya es un ejemplo de cómo Sánchez ha optado por doblegarse ante un chantaje político. La amnistía para los responsables del procés no solo representa una afrenta a nuestro sistema judicial, sino también un peligroso precedente que debilita el Estado de Derecho. Esta concesión, lejos de resolver el conflicto territorial, legitima a quienes buscan desmantelar la nación española.

En los últimos días, Puigdemont ha ido aún más lejos al exigir a Sánchez que se someta a una moción de confianza como garantía para seguir apoyando su Gobierno. Este movimiento, sumado a las reuniones secretas en Suiza entre representantes de Moncloa y Junts per Catalunya, pone de manifiesto hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a «pagar» el precio de mantenerse en el poder. Estos encuentros, lejos de acercar posturas entre ambas partes, refuerzan la imagen de un Gobierno dispuesto a ceder continuamente ante un prófugo que no representa más que los intereses de una minoría.

Como si todo esto fuera poco, los rumores sobre un posible encuentro entre Sánchez y Puigdemont en Bruselas han desatado una nueva oleada de indignación. De confirmarse esta reunión, sería la primera vez en la historia que un presidente del Gobierno español se fotografía junto a un prófugo de la justicia. Este gesto, además de ser un escándalo sin precedentes, evidenciaría hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo para afianzar una legislatura sostenida por cesiones inaceptables.

Puigdemont, lejos de conformarse, ha elevado sus demandas a niveles intolerables, reclamando un referéndum pactado que despojaría al pueblo español de su soberanía. Estas pretensiones no son más que el reflejo de una estrategia calculada para mantener vivo el enfrentamiento y perpetuar su relevancia política. Por su parte, el Gobierno, en su afán por aferrarse al poder, parece dispuesto a cruzar líneas rojas que ponen en peligro la integridad territorial y el orden constitucional.

La oposición, con razón, denuncia estas claudicaciones como un ataque directo a los principios que sustentan nuestra democracia. Permitir que un fugitivo condicione el futuro de España es una humillación inadmisible que mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

En definitiva, las presiones de Puigdemont no son más que un chantaje al Estado. La responsabilidad de un Gobierno verdaderamente comprometido con España debería ser firme: proteger la unidad y la legalidad, incluso a costa de perder el poder. Porque el precio de sucumbir ante quienes buscan destruir la nación sería, sin duda, demasiado alto.