El empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo que este jueves ha declarado que pagó comisiones en efectivo a altos cargos, hace declaraciones tras salir en libertad de la cárcel de Soto del Real.

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de hidrocarburos se prepara para adherir el contenido del teléfono móvil de Víctor de Aldama. El magistrado que dirige estas diligencias, Santiago Pedraz, recibirá en los próximos días el volcado realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en relación con el contenido de este terminal que podría alimentar el procedimiento.

Además de ello, el ‘conseguidor’ del caso Koldo accedió a “orientar” a la Guardia Civil en la extracción de documentos, conversaciones y demás material que atesora en dicho teléfono y que podría afectar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo de este empresario es poder aportar dicho contenido en el ‘caso Koldo’ que se sigue en la Audiencia Nacional y su derivada en el Tribunal Supremo, que asumió la parte de las pesquisas que afectan al aforado José Luis Ábalos.

Evidencias contra el Gobierno

Las voces consultadas explican que la Guardia Civil ha hecho un primer expurgo de todo el material contenido en dicho terminal que no tendría relación directa con esta causa sobre hidrocarburos. No obstante, y una vez se reciba el volcado, el instructor procederá a un segundo expurgo para delimitar lo que forma parte de las diligencias. Todo ello se investigará en una pieza secreta a la que únicamente tendrá acceso la Fiscalía Anticorrupción.

A día de hoy, el procedimiento sigue bajo secreto de sumario, aunque se espera que se levante a principios del año que viene. En el marco del mismo se investiga una trama que habría defraudado 182 millones de euros el sector de los hidrocarburos. El pasado 10 de octubre se produjo el estallido de la operación y las detenciones, entre otros, de Aldama y su socio Claudio Rivas. Pedraz acordó prisión provisional para ambos debido a la gravedad de los delitos imputados (contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales) y para evitar la destrucción de pruebas.

El magistrado apuntó a un presunto desfalco de 182,5 millones de euros e identificó un desvío de fondos al extranjero cercano a los 74 millones de euros. En concreto se detectaron transferencias por esa cuantía a Portugal, Colombia y China, lo que ha motivado la emisión de diferentes comisiones rogatorias. En el epicentro de la causa se sitúan Aldama y su socio Rivas, aunque se habrían apoyado en varios testaferros y empresas pantalla para dificultar el rastreo del dinero desviado.

El móvil de Claudio Rivas

Con todo, dos meses después de enviarles a prisión, Pedraz ha acordado la libertad provisional de ambos. En el caso de Aldama se autorizó su salida el 21 de noviembre, mismo día que prestó la primera confesión en sede judicial. Tras desgranar todas las presuntas irregularidades que salpican al Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción solicitó su libertad en el marco de esta causa de fraude por hidrocarburos. Pedraz accedió al requerimiento y esa misma noche el empresario abandonó la prisión de Soto de Real.

En lo que respecta a Claudio Rivas, dueño de la petrolera Villafuel, se acordó su libertad este pasado martes. El juez le impuso las mismas medidas cautelares que pesan sobre Aldama, esto es: prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado. Pedraz accedió a la solicitud del fiscal Anticorrupción Luis Pastor (mismo que litiga en el caso Koldo), y quien expuso que la prisión no era necesaria toda vez que en estos dos meses que ha permanecido encarcelado se ha avanzado en el estudio de las evidencias digitales incautadas y, por tanto, se ha podido “profundizar” en la investigación.