El PSOE mueve ficha. Restringir a la acción popular es un objetivo desde hace tiempo del Gobierno. Y el movimiento se hace a través del grupo parlamentario socialista en el Congreso. El PSOE registra en la Cámara Baja una iniciativa, una Proposición de Ley Orgánica, “de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”.

El texto lo que persigue es poner coto a las acusaciones populares, como las que han motivado las investigaciones a Begoña Gómez o David Sánchez, y, entre otras cosas, que no se puedan abrir procesos penales con querellas basadas en informaciones periodísticas. Y la medida afectaría a las investigaciones en curso, según figura en la disposición transitoria: “Las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento”.

Además, el texto persigue articular otro compromiso del Gobierno, como es el de eliminar el delito de ofensas religiosas. Un planteamiento que precisamente ratificó el Ejecutivo, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a raíz de la polémica suscitada con motivo de las campanadas en RTVE, cuando la presentadora Lalachus sacó una estampita con la vaquilla del Grand Prix. “la reforma del delito de ofensas a los sentimientos religiosos es una de las medidas que estaban incluidas ya en el ‘plan de acción por la democracia”, anticipó ya Bolaños.

La proposición de ley presentada sorpresivamente por el PSOE y que está dirigida, como ha explicado el portavoz socialista, Patxi López, “contra los ultras para impedir sus mecanismos de acoso a artistas, intelectuales, partidos políticos utilizando la Justicia”, tiene cuatro objetivos.

En principio se plantea reformar la acusación popular, que quedará únicamente circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación de la querella. De esta manera, según López, se acabará con la filtración de diligencias por parte de esas acusaciones populares así como la petición de diligencias desconectadas con el objetivo principal de la causa.

Además se exigirá a las acusaciones populares la existencia de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el proceso y será el juez quien decida si ese vínculo existe o no. En relación con este asunto se prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas con ellos así como al gobierno, la Administración General del Estado, los Gobiernos de las CCAA y de los ayuntamientos, el Congreso, el Senado, las asambleas legislativas autonómicas, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, así como los organismos y entidades que integran el sector público institucional.

La proposición de ley recalca la prohibición de abrir procesos penales basados en informaciones periodísticas. Respecto a este último punto, la iniciativa socialista plantea poner límites a la investigación de los jueces explicando que en la actual sociedad de la información “donde las noticias o juicios de valor periodísticos son de fácil difusión a través de canales y redes de comunicación, genera un flujo de avisos, reportajes, testimonios, sucesos y revelaciones que no siempre están contrastados o que obedecen a móviles espurios. En estos supuestos”, añade, “la incoación de un proceso penal sin una mínima base probatoria o indiciaria puede ocasionar un daño reputacional de difícil reparación a la persona o personas afectadas lo que hace necesario regular la actividad investigadora de los órganos judiciales en estos supuestos”.

Igualmente, la proposición aborda la supresión del delito de ofensas a los sentimientos religiosos, recogido actualmente en el artículo 525 del Código Penal e incluye como nueva causa de abstención y recusación de jueces el “haber realizado manifestaciones públicas censurando, o mostrando acuerdo o desacuerdo con las actuaciones de instituciones públicas o sus representantes, se dirijan a ellos privadamente con tal finalidad, o participen en actos o concentraciones con idéntico objeto”.

El texto reviste la forma de proposición de ley para así evitar los informes de los órganos constitucionales -Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado- imprescindibles en el caso de que se tratara de un proyecto de ley, esto es, una iniciativa presentada por el Gobierno.

En la exposición de motivos, el PSOE justifica la proposición ante la “aparición de sectores manifiestamente autoritarios que en lugar de buscar un contraste de puntos de vista en base a debates informados buscan la plena exclusión de la vida pública de quienes mantienen posiciones contrarias. Y, por otro lado, el empleo de estrategias abiertamente lesivas para los derechos fundamentales de aquellas personas y organizaciones enfrentadas a los sectores antes mencionados”.

Según el texto, “se generalizan así situaciones de acoso contra determinados colectivos como artistas, activistas, creadores y también representantes políticos , que pretenden limitar sus derechos haciendo un uso abusivo de las instituciones y de determinadas disposiciones legales, cuya configuración y fines reales no están en absoluto destinados a servir a las estrategias de acoso y exclusión”.

Por estas razones, los socialistas señalan que su pretensión es “eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procesos civiles, al tiempo que se proteger a las personas físicas y jurídicas que se impliquen en la participación activa en asuntos de interés público frente a acciones judiciales interpuestas contra ellas para disuadirlas de dicha participación”. Afirman que con esta norma asegurarán derechos fundamentales de los colectivos víctimas de acoso, así como su derecho al honor, a la libertad de expresión y creación, a la participación política y a la tutela judicial efectiva.

PP: buscan laminar “al poder judicial”

Para el PP, esta medida es “un paso más” en la estrategia del Gobierno “de laminar al poder judicial, consumando su intención de quitar la instrucción a los jueces para dejarla en manos de la Fiscalía, y sembrando el descrédito sobre todo el poder judicial a ojos de la ciudadanía”.

“Que el día en el que Maduro pretende perpetuarse en el poder en contra de la ley el Gobierno de España esté impulsando el control y el amedrentamiento de los jueces es bastante simbólico. Que hablen de ultras hoy después de haber guardado silencio respecto a la situación en Venezuela es directamente indecente”, añaden fuentes populares.

El partido anima a los socios del Gobierno a no secundar esta proposición: “Los españoles saben que tienen un presidente que no legislará más que para protegerse a sí mismo. Los que impulsaron una moción de censura para combatir la corrupción quieren acabar blindando por ley la suya. Quien apoye iniciativas de esta índole será cómplice de esta deriva”.