El obispo Strickland defiende la política de fronteras seguras como solución a la crisis migratoria
Joseph E. Strickland, obispo de Tyler (EE.UU)
El obispo emérito de Tyler, Joseph Strickland, ha expresado su preocupación ante la reacción de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) y Catholic Charities tras la decisión de la administración de Donald Trump de congelar fondos federales.
En un mensaje dirigido a los fieles, Strickland ha denunciado que «Catholic Charities está involucrada en la financiación de actividades inmorales e incluso potencialmente ilegales en lo que respecta a las leyes de inmigración de este país».
El prelado se ha mostrado consternado por la postura de la USCCB, alineada con la protesta de Catholic Charities tras la supresión de fondos gubernamentales que representaban «aproximadamente dos tercios del gasto anual de Catholic Charities, sumando más de 500 millones de dólares solo en subvenciones federales». En su mensaje, Strickland ha recordado que la Iglesia enseña la importancia de la caridad y la justicia, y que estas deben respetar las leyes justas: «La Iglesia siempre ha defendido la santidad y dignidad de toda vida humana y ha abogado por la compasión en el trato a los migrantes y refugiados», pero también ha subrayado la necesidad de respetar el orden legal.
Críticas a algunos obispos por gestión negligente en la protección de menores
El obispo ha señalado que la crisis migratoria en Estados Unidos ha sido agravada por el papel de Catholic Charities, y que en muchos casos «estas actividades han servido para poner a personas muy vulnerables, especialmente a un gran número de niños, en riesgo de ser abusados y explotados». Strickland ha denunciado la negligencia de algunos obispos en la protección de los menores, y ha llegado a afirmar que «hay buenas razones para sospechar que algunos de los obispos estadounidenses han contribuido a la explotación de estos niños en lugar de protegerlos».
En su mensaje, el obispo también ha criticado la influencia de la Teología de la Liberación en la jerarquía eclesial, considerándola una desviación del catolicismo auténtico. «La Teología de la Liberación ha sido impulsada en la Iglesia en gran medida por la Orden de la Compañía de Jesús (tambén conocida como los jesuitas)», afirmó, recordando que el Papa Francisco es jesuita y ha mantenido vínculos con defensores de esta corriente. Strickland advirtió que «esta teología perniciosa está ahora firmemente arraigada dentro de la Iglesia, incluso dentro de la jerarquía actual del Vaticano», donde a su juicio se ha desplazado la doctrina católica en favor de una ideología centrada en el hombre.
El obispo ha denunciado que en el contexto actual, algunos sectores de la Iglesia justifican la inmigración ilegal como una forma de redistribución de la riqueza, lo que considera una manipulación de la doctrina social de la Iglesia. «El término justicia social ha sido secuestrado en esencia», afirmó, citando un artículo del diácono Keith Fournier titulado «Justicia social: recuperar el término de los ladrones y construir una nueva Acción Católica».
En relación con la política migratoria, Strickland defendió que «tener una frontera segura y un proceso de inmigración ordenado y legal es, de hecho, la manera más compasiva de abordar a los migrantes», ya que evitaría el sufrimiento humano que actualmente se está produciendo en las fronteras de Estados Unidos. En este sentido, señaló que «la USCCB utilizó el 90% de los fondos federales recaudados para el reasentamiento de inmigrantes y menos del 1% para actividades pro vida», lo que considera una contradicción con la supuesta prioridad de la Iglesia en la defensa de la vida.
Finalmente, el obispo ha instado a los fieles a informarse sobre el papel de Catholic Charities en sus respectivas diócesis y a exigir transparencia en el uso de los fondos. «Insto a los fieles a que se pongan en contacto con su obispo y hablen sobre el papel de Catholic Charities en su diócesis», concluyó. Strickland subrayó que la verdadera compasión no está en promover la inmigración ilegal, sino en garantizar procesos seguros y legales que protejan tanto a los migrantes como a la sociedad en su conjunto.
