Ismael Medina/Reproducción de sus mejores artículos en AD.- ¿Se caracteriza el gobierno Rodríguez por la práctica de un golpismo continuado? Mi respuesta es afirmativa. Pero debo explicarlo dada la complejidad conceptual del golpe de Estado.

Es lo habitual y tópico que se identifique el golpe de Estado con una acción militar encaminada a un cambio radical de las instituciones y, por consiguiente, del sistema político establecido. Pero existen numerosas aportaciones de las ciencias políticas y sociales que hacen posible distinguir diversas formas de golpismo sin intervención o con el respaldo de las Fuerzas Armadas, sea éste expreso o tácito. También una acción revolucionaria equivale a un golpe de Estado en cuanto subvierte el sistema institucional e impone el suyo. Pero no siempre un proceso revolucionario requiere de la violencia y del cambio de sistema político. Se dan procesos revolucionarios positivos y negativos favorecidos desde el poder del Estado.

El concepto de golpe de Estado, nacido en Francia, tardó en ser adoptado en España, sustituyendo al propio de pronunciamiento. Para el caso es lo mismo en cuanto vulneración o sustitución del orden institucional definido por la Constitución o Ley Suprema. Lo cual propone la cuestión de si existe de hecho un golpismo practicado desde la Jefatura del Estado, del gobierno o partes de la estructura estatal. Es lo que se ha dado en llamar autogolpe.

DE LAS DIVERSAS FORMAS DE GOLPE DE ESTADO

CURZIO MALAPARTE se anticipó con su “Tecnica del colpo di Stato” (1930), traducido al español años más tarde, a muchos politólogos y sociólogos en la distinción entre diversas formas de golpismo. Distinguía Malaparte entre acciones de cambio institucional ejecutadas por partes integradas institucionalmente en el Estado y las realizadas por sectores políticos, y por ende civiles, mediante operaciones encaminadas desestabilizar el gobierno, provocar la inestabilidad social y ocupar el poder. Y no fue el el protagonizado por Hitler y su partido el único cuyo golpismo estuvo precedido por una inequívoca legitimación electoral. El golpe de Estado incruento del general Primo de Rivera, al que Malaparte dedica muy sugestivas páginas, lo fue a instancias del monarca Alfonso XIII, es decir, desde la Jefatura del Estado.

Existen, además, golpes de Estado que modifican el orden constitucional sin necesidad de cambiar el gobierno ni derivar de una coacción militar. Conviene aludir a algunas de estas otras formas de golpismo. Una de ellas es el llamado golpe de Estado tácito. Se trata de acciones de cambio más o menos revolucionarias ejecutadas desde el gobierno a instancias de grupos de presión a los que se debe. Con independencia de que la proclamación de la II República fue la consecuencia de una golpe de Estado revolucionario, favorecido por la huida del monarca, conviene recordar que el radical laicismo de la Constitución de 1931, amén de otras perturbadoras incorporaciones, se debió a la imperativa exigencia del Gran Oriente de España, un poderoso grupo de presión al que pertenecían, cuando menos, 146 diputados de las Cortes Constituyentes.

También existe el llamado golpe de Estado técnico en buena medida similar al anteriormente descrito. Nada cambia en apariencia respecto a la estructura institucional preexistente. Subsisten formalmente las instituciones básicas del Estado real o presuntamente democrático. Pero uno o varios poderosos grupos de presión, distintos de la Jefatura del Estado y del Ejecutivo, consiguen que éstos den forma legal a sus intereses y conveniencias. Es frecuente, asimismo, que en este tipo de golpes de Estado tácticos jueguen un papel determinante la arbitrariedad, la incompetencia o la debilidad de quienes ostentan las altas magistraturas del Estado. La interconexión entre esas distintas fuerzas, a las que no son ajenas como instrumentos de presión las crisis económicas provocadas o estimuladas, golpe de Estado especulativo se dice, desemboca en procesos anárquicos que desguazan de contenido y solidez al Estado de Derecho que encuentra respaldo y justificación dialéctica en subordinados o vendidos grupos de presión mediáticos.

Otra forma de golpe de Estado es el llamado institucional. Se trata del promovido por quienes ostentan el poder político, encaminado a un cambio de sistema sin que ello implique el desplazamiento de la autoridad que lo incita ni de las instituciones bajo su control, aunque sí la debilitación de aquéllas que por su capacidad operativa, caso de las Fuerzas Armadas, podrían poner freno a sus desmanes. Es el motivo, por ejemplo, de que desde un principio yo decidiera llamar acción institucional a lo sucedido el 23 de febrero de 1981.

DEL GOLPISMO CONSTITUCIONAL RETROACTIVO

LA ejecutoria de Rodríguez desde que accedió al poder nos sitúa ante un proceso encadenado de golpismo en el que comparecen y se mezclan varias de las formas anteriormente enumeradas. Es el motivo de que me haya detenido en la descripción sucinta de las diversas teorías sobre el golpe de Estado.

El fallecimiento de Juan Manuel Reol Tejada, primer presidente de la comunidad autónoma de Castilla y León ha dado ocasión para un amplio y tardío despliegue sobre su personalidad y ejecutoria política. De la exhumación de algunos de sus textos creo oportuno recoger éste: “Se está perdiendo el espíritu de consenso de la Transición. Ahora el Gobierno se fija en la Constitución de 1931, no tanto en la de 1978. Es un error. El Título VIII no acertó al dejar la puerta abierta a este tipo de carrera por usurpar más competencias del Estado”.

¿Y por qué no acertaron los redactores de la Constitución de 1978 a cerrar esas críticas puertas hacia la disolución del Estado y de España? Por la sencilla razón de que también para ellos, o para los más influyentes, fueron referencia la Constitución de 1931 y el modelo marxista de “democracia avanzada”. De ahí, por ejemplo, la introducción del perturbador término “nacionalidades” a instancias de Enrique Tierno Galván y del siempre corrosivo Miguel Rodríguez y Herrero de Miñón, hombre de la Trilateral y hoy asociado al soberanismo vascongado. Existía el compromiso previo, ya pactado durante la lejana reunión de Munich, del restablecimiento de los estatutos de Cataluña y Vascongadas. Pero su reconocimiento constitucional requería enmascararlo de algún modo. La solución la ofreció el arribista Adolfo Suárez con su famoso “café para todos”.

Aunque eso sí, de calidad para Cataluña y Vascongadas y de achicoria para los demás. El desalmado Título VIII, fustigado por Reol, desató la presumible carrera en pelo entre unas y otras taifas. Las de achicoría querían el café de calidad de catalanes y vascongados. Y a medida que se les concedían algunas, estas otras exigían más para mantener su condición privilegiada. Un lamentable sistema electoral que convierte a las minorías secesionistas en imperativos grupos de presión ha facilitado el progreso hacia un impreciso y nefando federalismo, o confederalismo, mediante el que Rodríguez pretende enlazar con el modelo sovietizador del primitivo socialismo y su sueño de reinstaurar la II República como si la historia se hubiese parado en 1936 ó 1939.

Un sustancioso artículo de Franciso Sosa Wagner (“El Tribunal de Garantías y otras añoranzas”. “El Mundo”, 12.09.2008) nos sitúa ante la equivalencia politizada de aquel Tribunal de Garantías con el actual Tribunal Constitucional, al que también cabrían los juicios emitidos sobre el primero por el diputado Royo Villanova (un Tribunal inncesario, pues para ejercer su función valdría mejor el Tribunal Supremo, como en los Estados Unidos) o por Indalecio Prieto ( “El Tribunal equivaldrá en el sistema institucional al apéndice en el sistema intestinal: no servirá más que para producir cólicos”). También recuerda Sosa Wagner, como lo hizo años atrás Julián Marías y he recordado más de una vez, que las garantías constitucionales estuvieron suspendidas durante casi todo el periodo republicano mediante leyes de excepción, como la de Orden Público, que convertían en un órgano ocioso aquel pintoresco Tribunal de Garantías, un traje institucional confeccionado con retazos partidistas. El actual Tribunal Constitucional responde a parejos criterios políticos, aunque se hayan edulcorado con exigencias más o menos aleatorias de cualificación jurídica de sus componentes. Lo confirman sus reiteradas sentencias partidistas, en ocasiones escandalosas.

DEL GOLPE DE ESTADO REVOLUCIONARIO DE 1931 Y DE LOS QUE SIGUIERON

HEMOS llegado a la actual situación a través de un largo rosario histórico de golpes de Estado. Pero como lo que pretende Rodríguez con descaro es el empalme con la II y la III Repúblicas me limitaré a enumerarlos a partir de su instauración en 1931.

El cómputo final de las elecciones de abril de 1931 daban el triunfo a los partidos monárquicos. Pero los primeros resultados en grandes ciudades, favorables a los partidos de izquierda, fueron aprovechados por éstos para la ocupación revolucionaria de las calles, cuyo éxito se vio completado por el abandono de Alfonso XII al verse desasistido por aquellos que gozaban de su confianza. Se trató sin duda alguna de un golpe de Estado revolucionario al que se pretendió otorgar patente de legitimidad con la convocatoria de Cortes Constituyentes.

La izquierda no se resignó a que unas futuras elecciones dieran el triunfo a la derecha y amenazó reiteradamente con lanzarse a la revolución si esa eventualidad se producía. Y como ese fuera el signo de las elecciones de 1933, la prepararon de inmediato con alijos de armas, organización de sus milicias y huelgas generales cuyas dilaciones tácticas aguaron en buena parte de España el entusiasmo de los muchos llamados a protagonizarlas. Fue la causa de que la sangrienta revolución de octubre de 1934 sólo tuviera el eco presumido en Asturias y Cataluña. La equívoca pusilanimidad de Alcalá Zamora impidió que la derrota de los revolucionarios sirviera de purga disuasoria. No tardaron los partidos y sindicatos de izquierda en organizarse para la revancha, mientras los grupos de acción de su milicias se entrenaban con insistentes atentados y crímenes políticos ante la pasividad permisiva del gobierno Lerroux, condicionado por el pernicioso maniobrerismo del Presidente de la Republica.

En vísperas de las elecciones de febrero de 1936 se creó el Frente Popular en el que se unían todas las fuerzas de la izquierda. No se trató de una iniciativa interna sino de un miembro del espionaje soviético (el libro en que lo relata no lo encuentro ahora entre mi revuelta biblioteca) destacado en Francia y, que para librarse de ser víctima de una de las purgas estalinianas, ofreció al Kremlin el estudio de ese operativo para adueñarse de España. Aquellas elecciones, que el Frente Popular ganó por reducida diferencia de votos sobre la derecha, estuvo jalonada por multitud de falseamientos de actas a punta de pistola u otras formas de coacción o de trampas. Hubo sobrados motivos para declararlas nulas. Pero ya el gobierno estaba aquejado de una debilidad extrema. El proceso revolucionario comenzó de inmediato bajo el gobierno frentepopulista. Aquellas elecciones desembocaron en un golpe de Estado revolucionario impulsado desde el gobierno. Había nacido de hecho la III República, consumada en toda su dimensión revolucionaria y sovietizadora en julio de 1936.

DE CÓMO EN 1936 LOS REVOLUCIONARIOS PRECIPITARON LA ACCIÓN CONTRARREVOLUCIONARIA

NO es cosa de entrar en mayores datos confirmatorios. Pueden encontrarse en los libros de Pío Moa y Ricardo de la Cierva, entre otros, con superabundancia de pruebas documentales. Pero sí anotar que el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo fue un inequívoco crimen de Estado. El gobierno y en particular el ministro de Gobernación, Casares Quiroga, e Indalecio Prieto eran conocedores día a día de los preparativos del general Mola, otros mandos militares y políticos de la derecha para un pronunciamiento que restableciera el orden constitucional de la República vulnerado por el Frente Popular.

Con el asesinato de Calvo Sotelo se pretendía provocar esa reacción frente al caos revolucionario en la convicción de que su organización era todavía incompleta y podría ser fácilmente aplastada por los sectores militares afines al gobierno, por las fuerzas de orden publico, en particular la Guardia de Asalto, y de las milicias de los partidos y sindicatos del Frente Popular , sobre todo, preparadas y armadas para emprender una devastadora acción revolucionaria en la primera quincena de agosto, bajo la dirección de los “consejeros” soviéticos que había llegado subrepticiamente a España durante los meses anteriores. No salieron las cosas como estaban programadas y la situación desembocó en una guerra civil cuya prolongación durante tres años se vio favorecida por los intereses estratégicos de las grandes potencias que se preparaban para afrontar una inminente guerra mundial. La Unión Soviética quería una España roja y subordinada a la espalda de Europa. Alemania una España afín que cerrara el acceso al Mediterráneo. Francia una España socialista a su medida. Y Gran Bretaña y los Estados Unidos nada de eso, motivo por el que apoyaron de manera encubierta y muy eficaz al naciente Estado Nacional encabezado por Franco.

Franco eludió entrar en la guerra mundial. Pese a múltiples y onerosas circunstancias adversas (la menor no fue la necesidad de superar las terribles carencias de un país asolado por la contienda) el naciente Estado Nacional se fue dotando de un sistema constitucional abierto, las Leyes Fundamentales, y del esfuerzo colectivo favorecido desde el gobierno, del cual resultó un positivo proceso revolucionario. Me refiero a la creación de una extensa y nueva clase media al amparo de un sostenido desarrollo económico y social. Una clase media sin cuya existencia, como más de una vez he señalado, habría sido imposible la transición pacífica desde un régimen peculiar de presidencialismo vitalicio al impuesto por los poderes internacionales de totalitarismo partitocrático coronado.

DE LA ABERRANTE TENTACIÓN DE HACER VIRTUAL LO QUE NO FUE

A uno y otro lado de las trincheras políticas se ha especulado con la posible evolución de los acontecimientos si el Frente Popular revolucionario hubiese ganado la guerra. Lo que no fue se convierte en fantasmogoría por mucho que Rodríguez y sus secuaces se empecinen en restaurar lo que perdieron sus abuelos. Con independencia de que se habrían reproducido en el resto de España las matanzas indiscriminadas y selectivas que protagonizaron en los espacios territoriales bajo el dominio del Frente Popular, poco se ha dicho de lo que habría acaecido en el plano internacional, especialmente respecto de la guerra mundial desatada pocos meses después de terminada la nuestra.

El contenido del volumen dedicado a España de los Archivos Secretos de la Wilhemstrasse, publicados en los cincuenta bajo patrocinio norteamericano, pone de manifiesto que la ayuda del III Reich y de la URSS a una un otra zona durante nuestra contienda no sólo se hacía bajo la exigencia de contrapartidas económicas inmediatas: con cesiones mineras sobre todo en el caso del III Reich y el expolio de los recursos financieros (el llamado “oro de Moscú”) por parte soviética. También, y me parece más importante, esa ayuda fluctuaba en la misma medida que avanzaban o se retrasaban las negociaciones entre Ribbentrop y Molotov para el pacto entre ambas potencias que finalmente se suscribiría. Al amparo de ese acuerdo una España definitivamente roja habría colaborado paradójicamente con el III Reich de igual manera que hicieron los partidos comunistas europeos, en particular el francés, hasta que Hitler cometió el error estratégico de invadir la URSS.

¿Habrían eludido los aliados occidentales asentar sus fuerzas expedicionarias en España? No lo creo. Los ejércitos soviéticos estaban lejos y ocupados plenamente en resistir el empuje alemán. Habríamos sido víctimas de un situación de inestabilidad y confusión similar a la de la Italia tras la invasión. Fue la causa de que las potencias occidentales prefirieran sostener a Franco como garantía de que su neutralidad les resultaría a la postre más beneficiosa.

Franco murió en la cama como Jefe del Estado español y dejando tras de sí un proceso de evolución interna que, a través de la aplicación de las Leyes Fundamentales, conduciría de manera progresiva al establecimiento del régimen de partidos impuesto por el poder mundialista y comprometido por su sucesor a título de Rey. Pero tales previsiones se alteraron tras la aprobación de la Ley de Reforma Política y desembocaron en el autogolpe de Estado de 1977. Pero de lo acontecido a partir del mismo y de los que se han urdido desde entonces a hoy me ocuparé la semana próxima. Hacerlo ahora desembocaría en una crónica extensa en demasía.