Leopoldo Calvo Sotelo jura ante el Rey su cargo de presidente del Gobierno en sustitución del dimitido Adolfo Suárez, en febrero de 1981.

Ismael Medina/Reproducción de sus mejores artículos en AD.- Una prolongada y enriquecedora estancia en Jaén, la ciudad en que crecí y a cuyas gentes mucho debo, cortó durante tres semanas la serie que ahora reanudo. Pido excusas a mis lectores por esta ausencia durante la cual se ha hecho explosiva la crisis económica que Rodríguez y la gentecilla que le rodea pretendieron enmascarar desde sus comienzos más notorios, ya en la mitad de 2007.

Las crisis financieras de ámbito mundial y sus nocivos efectos sobre las economías productivas son cíclicas y las hemos vivido con reiteración quienes, como yo, somos octogenarios que milagrosamente supervivimos a las oleadas de la guadaña. También sus repercusiones políticas, entre ellas las sangrientas vacunas de brutales conflictos armados, en los que, al menos desde 1907, cumplió el petróleo una ruda y nada inocente función desestabilizadora.

GOLPE DE ESTADO CONSTITUCIONAL

CONCLUÍA el anterior capítulo con el autogolpe de Estado que supuso el desarrollo de la Ley de Reforma Política patrocinada por el monarca, derivada en tópico golpe de Estado al atribuir condición de Cortes Constituyentes a un parlamento cuya convocatoria electoral no le otorgaba, conforme a Derecho, dicha atribución. Nació el actual sistema partitocrático aquejado de flagrante ilegitimidad de origen que ni tan siquiera podía enmascarar la continuidad de Juan Carlos I como Jefe del Estado, designado por Franco y refrendado por una mayoría de españoles. Una ilegitimidad constitucional de la que el monarca se hacía partícipe al promoverla y ampararla.

La elaboración y promulgación de la Constitución de 1978 estuvo precedida por la Ley de Amnistía, ahora en candelero, merced a la llamada Ley de Memoria Histórica y al más reciente esperpento pseudosjurídico de Baltasar Garzón, campeón mundial del contorsionismo y empecinado en hacer de la Justicia un vodevil. Sobre aquella amnistía he escrito en más de una ocasión. Pero conviene recordar que uno de los objetivos no confesados era cerrar la instructoria del asesinato del presidente del Gobierno, Carrero Blanco, cuando ya la indagatoria policial y judicial estaba a punto de desenmascarar a los muy bien situados instigadores del magnicidio. Por eso fue necesario incluir en ella a los asesinos etarras mediante la procaz justificación de que habían matado en un exceso de amor a la libertad y a la democracia. ¿Quién podría negarles en adelante que la multltiplicidad de sus crímenes posteriores, cerca del millar, lo eran también por un exceso de amor a la libertad y a la democracia, aunque circunscrita al espacio del independentismo vascongado?

Acaso en aquella mendaz cabriola radique la inspiración de Rodríguez en su búsqueda exasperada de un acuerdo de paz con los terroristas y sus valedores políticos, los recogedores de sus nueces ensangrentadas a que se refería Arzallus, cura rebotado, con cinismo. No es ocioso advertir al respecto que por Ley de 1962 fueron amnistiados todos los delitos políticos y de sangre cometidos durante la contienda, gracias a la cual salieron a la calle los que todavía cumplían condena y pudieron regresar a España un buen número de notorios exiliados como, por ejemplo, Enrique Castro Delgado que fuera durante la República Popular el creador real del famoso y de triste memoria Quinto Regimiento y secretario general del PCE en la URSS hasta que se la cayeron los palos del sombrajo y huyó a Méjico para salvar el pellejo de las mortales depuraciones en sus propias filas que encabezó la Pasionaria en estrecha colaboración con la NKVD, antecesora del KGB. Son ahora de indudable actualidad, embebidos como estamos en un perverso revisionismo, sus dos libros “Yo perdí la fe en Moscú” y “Hombres made in Moscú”.

Aquel espurio conciliábulo constitucional, un toma y daca más propio de chalanes que de políticos preocupados por sentar las bases de un serio futuro democrático, está en el origen del actual despelote disgregador, extremado por Rodríguez hasta el paroxismo. Se han cumplido, desgraciadamente para España, las severas advertencias en “El Alcázar” del profesor Galán y Gutiérrez, de inmediato calificado de ultraderechista. También me colocaron ese mismo sambenito por mis crónicas en parecida línea. Como ultraderechistas figuramos en el Archivo de Juan Linz, de la Fundación March, accesible a través de Google. A Juan Linz, relevante sociólogo, lo conocí Madrid en el Seminario de Formación Política del Frente de Juventudes, en cuyo Boletín publicó artículos de los que sin duda se arrepentiría tras su traslación ideológica en los Estados Unidos.

CRISIS FINANCIERA Y AUTOGOLPE EN UCD

LA irrupción de la democracia de totalitarismo partitocrático, consolidada mediante un indeseable sistema electoral que hoy tantos lamentan, coincidió con los efectos negativos de la crisis financiera que, unida a la subida una vez más del precio del petróleo, generaba fenómenos inevitables de malestar social.

Aunque anteriores a al proceso constitucional creo apropiado en este punto una breve referencia a los famosos Pactos de la Moncloa, arbitrados por el profesor Fuentes Quintana en su condición de vicepresidente económico del gobierno Suárez (8 al 21 de octubre de 19977), los cuales contribuyeron a paliar la situación, aunque no a sacarnos totalmente del atasco. La economía española atravesaba una profunda crisis económica, caracterizada por tres desequilibrios fundamentales que Juan Rodríguez sintetizó así:” a) una persistente y aguda tasa de inflación; b) un desarrollo insatisfactorio de la producción con una caída importante de las inversiones, lo que genera una eleva tasa de paro; c) un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero. Estos desequilibrios de la economía española se produce en un contexto económico de crisis internacional”. La cita pone de manifiesto la similitud, en lo que concierne a España, entre la naturaleza de aquella crisis y la actual.

La UCD, aquejada de mayoría relativa, era una frágil cohabitación de pequeños partidos encabezados por ambiciosos personajes de variada catadura. Y Adolfo Suárez, mero títere del monarca, tenía buena imagen telegénica. Pero carecía de ideas y de consistencia intelectual para afrontar la tarea de dar consistencia a un Estado que llevaba en sus entrañas la bomba de relojería del chalaneo constitucional. Y además de estas carencias se dejó influir por el teniente general Gutiérrez Mellado que trasladó al gobierno los resentimientos personales contra sus compañeros de armas. Gutiérrez Mellado se empeñó con ahínco en una debilitación sistemático de las Fuerzas Armadas bajo el pretexto de desfranquizarlas. Los cuadros de mando de los Ejércitos habían sido fieles a la mandato de fidelidad al monarca contenido en el testamento político de Franco y la acción desmeduladora de Gutiérrez Mellado, hecha suya por Suárez y amparada por el monarca, contribuyó a sembrar el desasosiego en sus filas.

EL AUTOGOLPE DE ESTADO DEL 23 DE FEBRERO DE 1981

EL malestar social, el desasosiego militar y el deseo del rey de gobernar con los socialistas para consolidar la monarquía partitocrática desembocaron en una situación crítica hacia la segunda mitad de 1980. Para que el socialismo gonzalero accediera al poder era necesario desmembrar UCD y forzar el retiro de Adolfo Suárez. La voladura interna de UCD en el congreso de Palma de Mallorca dejaba expedito el camino para una convocatoria de elecciones que, ante la inconsistencia de un partido fuerte de oposición, habría de ganar el PSOE. La caída de Adolfo Suárez estaba cantada. Pero el malestar castrense había crecido mientras tanto y se presumía la preparación de un golpe de Estado al que se dio en llamar de los coroneles, a semejanza del griego, y también nasserista por su supuesta orientación socializadora.

La acción institucional del 23 de febrero de 1981, acerca de cuyos recovecos he escrito en varias ocasiones, iba más allá de la mera desarticulación de ese eventual levantamiento. Iniciada por generales de inequívoca adscripción monárquica, tenía tres posibles desembocaduras, todas ellas favorables a la Corona: un gobierno similar al de la Dictadura de Primo de Rivera; el gobierno de concentración partitocrática que el general Armada pretendía que aprobaran las Cortes aprisionadas en el Congreso por Antonio Tejero, quien impidió el acceso al hemiciclo de Armada al conocer el contenido de la lista de gobierno en el que incluso figuraba algún comunista; y un fracaso que convirtiera al monarca en salvador de la democracia. Triunfo esta última, cayó Suárez y ocupó la presidencia del gobierno el siempre adaptable Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, cuyos sonados fracasos empresariales no contribuyeron, paradójicamente, a desmontar su imagen.

Consumado el autogolpe de Estado del 23 de febrero de 1981, era necesaria una convocatoria anticipada de elecciones que, dadas las circunstancias, favorecería el acceso al poder de Felipe González y su domesticado PSOE. Debo recordar a este propósito la reveladora anécdota de la conversación que Calvo-Sotelo y el presidente de la República italiana, el socialista Pertini, sostuvieron en el palco de autoridades del Bernabeu durante la final del campeonato del mundo de fútbol.

Preguntó Pertini a don Leopoldo si eran verdad los rumores de que se disponía a convocar elecciones anticipadas. Asintió éste y Pertini comentó que entonces las ganaría su partido. Calvo-Sotelo le aclaró que las perdería. Viejo y experimentado zorro político, Pertini no pudo ocultar su asombro: “¡Pero si las elecciones anticipadas se convocan siempre para ganarlas!”. Una confirmación de que don Leopoldo se había prestado con mansedumbre a los dictados del monarca para favorecer el golpe de Estado táctico de un gobierno socialista.

EL EXPOLIO DE RUMASA QUE SALVÓ DE LA QUIEBRA A LA GRAN BANCA

TRIUNFÓ el PSOE, Felipe González se aposentó en el palacio de la Moncloa y el monarca sonrió satisfecho. Pero persistía la crisis económica pese a los Pactos de la Moncloa, cuyo incumplimiento por algunas de las partes provocó la dimisión de su promotor, el profesor Fuentes Quintana. Perduraban, además, las secuelas de una desaforada y selectiva corrupción que condicionaba la resolución de los graves problemas económicos a que se refería Juan Rodríguez. Una corrupción que los socialistas acentuaron, ávidos como estaban de aprovechar el poder para enriquecerse.

La situación económica se hizo insostenible y afectó severamente al sistema bancario. Juan Muñoz describe en “Poder de la banca en España” (Ed.Zero, 1969) el proceso de concentración bancaria, cuyos “siete grandes” controlaban las empresas más importantes del sector industrial. Fue la causa de que el desfondamiento empresarial afectara gravemente a la estabilidad financiera de los bancos. Y como ha ocurrido siempre, buscaron la salvación en la ayuda estatal. Precisaban con urgencia, como ahora, una consistente inyección de liquidez que les permitiera sortear una inminente quiebra. Pero las arcas del Estado estaban exhaustas y tampoco un gobierno socialista podía trasladar a las claras dinero público al “enemigo de clase”, al que, de otra parte, tanto agradecimiento debía el PSOE por el sostenimiento del partido mientras estuvo en la oposición. Fue en aquel momento crítico cuando Miguel Boyer puso la solución sobre la mesa de Felipe González: la expropiación de Rumasa.

No es cosa de entrar en excesivos detalles sobre el expolio de Rumasa. Importa subrayar en este momento que los siete grandes bancos de la AEB se repartieron gratuitamente la red bancaria de Rumasa, inmuebles incluidos, y que el Banco de España les concedió dos créditos: uno de 440 millones de pesetas a pagar en doce años al 8% (los intereses bancarios estaban por entonces en torno al 21%) y otro liberado de 40 millones. Las numerosas empresas de Rumasa, algunas de ellas de gran importancia en el tejido empresarial y boyantes varias de ellas, fueron repartidas entre los afines al PSOE, tanto del interior como del extranjero, en un aquelarre subastero que recordaba el de los bienes de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. Fue especialmente escandalosa la venta por cuatro cuartos de Galerías Preciador a Cisneros, el hombre de paja del gran cacique venezolano Carlos Andrés Pérez, un autentico bandolero, con el que, gracias al acuerdo cuadrangular del petróleo, se enriquecieron altos dirigentes españoles bajo los gobiernos de UCD y de Felipe González y con el que éste realizó opíparos negocios. Una vez más se demostraba con el expolio de Rumasa que banqueros y grandes empresarios se han entendido y prosperado con la izquierda en el poder.

EL GOLPE DE DE ESTADO JUDICIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LA expropiación de Rumasa estaba aquejada, sin embargo, de muy burdas e insostenibles violaciones jurídicas. Era imprescindible dotarla de una cobertura formal e inapelable. Se la proporcionó el Tribunal Constitucional con una sentencia atrabiliaria que pudo prosperar merced al voto de calidad de su presidente socialista. Aquel día se puso de manifiesto su dependencia del totalitarismo partitocrático al que los magistrados que lo componían debían su elección. Su credibilidad quedó despanzurrada. Y continúa en entredicho. Se consumó, en definitiva un golpe de Estado técnico del que quedó malparada la Justicia y que con el tiempo se ha agravado, especialmente desde que Rodríguez llegó al poder “por accidente”.

El golpismo continuado (II)