Se aviva la preocupación entre los vecinos de Salt, tras unos meses de calma, después de los últimos episodios que alteraron la convivencia en el municipio. Una patrulla de los Mossos d’Esquadra recorre a media mañana sus céntricas y concurridas calles.

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Se trata de uno de los muchos servicios que, a lo largo de la jornada, realiza la policía catalana para acabar, entre otros delitos, con los robos con violencia e intimidación en la vía pública, que este año precisamente han ido en aumento. Suma y sigue. La inseguridad continúa preocupando a los vecinos y comerciantes, que ven como día tras día los delincuentes multirreincidentes, cada vez más jóvenes, se dejan ver.

El Departament d’Interior tiene muy claro que el principal problema de inseguridad con que se enfrenta en Salt es el de los menores extranjeros dedicados al delito callejero. Roban bolsos, hurtan en tiendas y arrancan cadenas de oro del cuello de los viandantes.

Una fuente de alto nivel del departamento que dirige el conseller Felip Puig asegura con gravedad a este diario que cuando se detiene y se retira de las calles durante un par de días a uno de estos menores reincidentes “las estadísticas delictivas bajan en picado”.

Interior se siente algo incomprendido por el aparato judicial. “Notamos cierta resistencia de los jueces a la hora de ingresar a estos menores en centros de internamiento”. En muchas ocasiones, las decisiones de no enviar a un chico a uno de estos complejos se da después de las difíciles ruedas de reconocimiento a los que se les somete. A veces, la víctima no es capaz de reconocer al menor que le arrancó de cuajo su cadena de oro y, en cambio, un testigo que pasaba por allí, sí. El juez opta entonces por evitar el ingreso del menor. “Todo esto crea problemas de convivencia en una ciudad en la que el paro ha machacado a la gente”, afirman estas fuentes.

La situación se agrava cuando estos menores alcanzan la mayoría de edad. Dejan de ser niños, pero no multirreincidentes. La gravedad del caso, según Interior, radica en que a partir de los 18 años “vuelve a ponerse a cero su contador de delitos”. Los menores no tienen antecedentes.

De toda esta casuística de los reincidentes es muy buen conocedor el intendente jefe del ABP Gironès, Xavier Gámez. “A finales del 2010 la media de edad era de 25,8 años; en septiembre pasado, 20,9 años, y este noviembre, 18,5 años”, detalla el intendente, quien añade que a finales del año pasado los 10 multirreincidentes a quienes la policía seguía la pista acumulaban un total de 160 detenciones; en septiembre pasado, 108, y este mes los 26 multirreincidentes que están siendo controlados suman hasta 394 detenciones –a once se les han aplicado medidas penales y administrativas y dos han sido expulsados–.

A pesar de esto, Salt clama por la convivencia y la seguridad permanente para poder pasar página de los graves altercados que se produjeron a mediados de enero pasado durante una violenta protesta de jóvenes contra la policía por la caída de un chico desde un balcón mientras era perseguido por agentes y que se saldó con la quema de vehículos y contenedores. La realidad del municipio, con 80 nacionalidades distintas, dificulta las cosas.

Pero mientras, la delincuencia callejera, según fuentes policiales, se ha incrementado un 28% este año con respecto al anterior. El intendente jefe Gámez subraya que la prioridad de la policía es la seguridad ciudadana, la prevención y la investigación. Manel Juanola es uno de los agentes del grupo de proximidad y relaciones con la comunidad que se encargan de atender las problemáticas que sufren los vecinos y comerciantes. En una de sus rutas habituales, una vendedora que lleva más de veinte años regentando un negocio de perfumería aprovecha para quejarse a la policía de que últimamente se ha encontrado con un incremento inusual de tarjetas de crédito falsificadas. Con lágrimas en los ojos, describe que vive una situación de “impotencia”, que a su parecer, es difícil de resolver. Otro comerciante pakistaní, que abrió hace nueve meses su negocio de cosmética en la zona más céntrica del municipio, habla también con los agentes para confesarles que le han robado algún que otro producto en más de una ocasión.

La presidenta de la asociación de vecinos del Barri Centre y concejal socialista en la oposición, Francesca Terrón, lamenta que “las estadísticas no se ajusten a la realidad, porque la sensación de inseguridad no ha disminuido” aunque la policía diga que ciertos delitos han bajado. Terrón añade que “la gente está desencantada y ya ni pone denuncias”.

El alcalde del municipio, Jaume Torramadé, constata que, “gracias a la presión policial, que ha sido continua, la seguridad ha mejorado ligeramente, pero todavía no se puede decir que el municipio esté tranquilo”.

Cualquier chispa podría encender los ánimos. Las autoridades policiales coinciden en que “la calma aún es frágil en términos de convivencia” y el conflicto “podría volver a estallar en cualquier momento, por ejemplo, con las divergencias en la construcción de centros de culto en el polígono de Torremirona”, donde el Ayuntamiento paralizó las licencias durante un año.