E.C.- La Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) supuso una auténtica vía de agua para los recursos públicos en el Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara (en la foto). El holding de empresas públicas extremeñas pagó en menos de dos años 200.000 euros por el alquiler de un local que nunca llegó a utilizar. La Administración había garantizado un contrato blindado por cinco años con las empresas arrendadoras, pero al cabo de doce meses lo resolvió anticipadamente desembolsando una jugosa indemnización.

La operación se fraguó en abril de 2009, cuando GPEX alquiló por cinco años una nave de 1.224,25 metros cuadrados y un aparcamiento adyacente de 981,50 metros en la calle Octavio Augusto de Mérida. La renta se fijó en 6.000 euros al mes sin fianza, pero sorprendentemente, a petición de la sociedad pública que dirigía Jaime Ruiz, se incluyó una cláusula de blindaje de tres anualidades por valor de 216.000 euros.

Un año después, en octubre de 2010, el organismo decidió resolver el contrato de forma anticipada, sin que la nave hubiera sido ocupada nunca. El resultado de la operación no pudo ser menos eficiente para las arcas públicas: GPEX pagó un total de 199.913,80 euros por un local y un aparcamiento que no llegó a utilizar, y tras haber firmado un contrato blindado. La principal empresa agraciada fue Famingel S.L, dueña de la nave, aunque el propietario del aparcamiento, Los Bodegones C.B., también salió beneficiado de su relación con la Junta extremeña.

Famingel consta en el registro como una sociedad dedicada a las actividades inmobiliarias y a las gestiones administrativas, y su administrador único, Laureano Ingelmo, es un conocido empresario en Mérida, fundador de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la localidad. En 2009, esta empresa recibió 52.200 euros de la Junta en concepto de alquiler, y en 2010, 52.909. Por su parte, Los Bodegones cobraron 10.440 euros el primer año, y 10.024.80 en 2010.

No obstante, lo que elevó notablemente el coste de este alquiler fantasma fue la indemnización pactada de 74.340 euros por haberse incumplido el compromiso de cinco años. En total casi 200.000 euros, sin que el actual Gobierno extremeño haya podido identificar las razones por las que se arrendó dicho espacio en unas condiciones tan onerosas y sin un uso definido.

3.480 euros a una ‘elegida’ inmobiliaria

Por otra parte, a los costes de alquiler hay que añadir 3.480 euros abonadas a la inmobiliaria con sede en Mérida que llevó a cabo la transacción, Habi-T. Se da la circunstancia de que es la misma agencia donde trabaja la pareja sentimental de Jaime Ruiz, entonces director de GPEX.

Este caso se suma a otras decisiones controvertidas de GPEX de la que ha dado cuenta este diario, como el encargo de informes a una fundación pública por 118.000 euros para dar “cobertura” a un concejal del PSOE en Badajoz. Ruiz, como responsable del holding de empresas públicas, instó a la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura (Fundecyt) a que fichara a este edil a cambio de concederle la contratación de informes sobre redes sociales y software libre con que financiar su salario.

Esta situación llevó al “límite económico” a la citada fundación, ya que a GPEX no cumplió a tiempo con los pagos de varios de estos informes ad hoc. Por ello, David Carmona, director de Fundecyt, denunció que se había llevado a este organismo a una “situación insostenible”, ya que también tenía que sufragar el coste de otro cargo del PSOE incluido en la plantilla, el ex alcalde de Barcarrota.