Manifestación de trabajadores municipales en la Línea (Cádiz).

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Andalucía se reunió ayer con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y le presentó un estudio de la situación que viven los trabajadores de ayuntamientos, mancomunidades y empresas públicas municipales, ante la falta de fondos de estas administraciones y los expedientes de regulación de empleo presentados a nivel municipal. Eso se traduce, según este informe, en que 51 ayuntamientos están incumpliendo “sistemáticamente” su obligación de pagar la nómina a sus empleados públicos, circunstancia que afecta a 10.153 trabajadores locales. A esto se suman 760 despidos, incluyéndose en este número despidos individuales y colectivos, y no renovación de contratos.

Según UGT, su intención es que Chamizo sepa de primera mano y que interceda ante el Gobierno andaluz, FAMP, Consejo Andaluz de Concertación Local, Administración central y FEMP. “Nuestro principal objetivo es frenar esta masacre y se promueva una solución a este recorte de servicios públicos a la ciudadanía”, dijo al término del encuentro el secretario general FSP UGT-A, Antonio Tirado.

El Defensor del Pueblo andaluz se ha comprometido en entregar este estudio las consejerías de Gobernación, Empleo y Hacienda y Administración Pública. Según UGT, Chamizo manifestó su coincidencia en la idea de que “hace falta una nueva Ley de Financiación y crear un protocolo de actuación que regule la gestión de los recursos humanos en las administraciones locales”.