El caso de los ERE se le complica más cada día que pasa a José Antonio Griñán, al que el PP ya ve como la X de los Ere. Ahora, tras los hercúleos esfuerzos de la Junta por dirigir el caso hacia el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, nos encontramos con que se ha producido una comida en el mes de noviembre entre el ex consejero de Empleo Antonio Fernández (en la imagen) con dos personas clave en el caso Mercasevilla y en la trama de los ERE fraudulentos financiados por la Junta. Se ha sabido que sus compañeros de mesa fueron el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero. Según El Mundo, hubo un cuarto comensal: Fernando M. de Pablo, actual abogado de Guerrero.

Los tres ex altos cargos socialistas están imputados por la juez Mercedes Alaya, aunque no han declarado judicialmente aún. En uno de los últimos autos, la magistrada dejó claro que, «a medida que avance la instrucción», tomaría declaración a «actores de posiciones más relevantes en esta compleja trama y con una capacidad de influencia y de decisión mayor».

Al parecer, la postura de Guerrero está alejada de la tesis del Gobierno andaluz según la cual el fraude se circunscribe a «cuatro o cinco golfos». En dicha reunión podría haberse tratado la coordinación de las defensas para lo que resta de instrucción y con vistas a las futuras comparecencias ante la juez para declarar por el caso de los ERE.

Frente a la estrategia del Gobierno andaluz Guerrero –el alto cargo que definió ante la Policía Nacional la partida presupuestaria 31L como fondo de reptiles– ha señalado ya que eran los responsables de las Consejerías que «decidían las ayudas directas del fondo para empresas».

Dado que José Antonio Griñán ni el PSOE andaluz han arropado con cariño al ex consejero Fernández, al que incluso el actual Consejero endosó parte de la responsabilidad de la tramitación fraudulenta de los ERE´s, empieza a temerse que Fernández empiece a pensar en sí mismo por encima de los intereses de la cúpula dirigente del PSOE andaluz. Recuérdese que el propio Griñán justificó la destitución del ex consejero por ser el “responsable político” de los ERE.

El pasado 14 de marzo de 2011, el testimonio de Javier Guerrero era «poco creíble» para Fernández. «Ni conocí, ni autoricé, ni aprobé ninguna de las cuestiones que están saliendo», declaró entonces. Pero ahora, almuerza con él y con otro imputado terminal, como es José Antonio Ricas, es delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla e implicado hasta las cejas en el caso Mercasevilla.

Recuérdese que, en su calidad del presidente del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, hoy Agencia IDEA), Antonio Fernández fue uno de los dos firmantes –junto con el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera– del convenio que permitió disponer del dinero para prejubilaciones sin control ni transparencia.

Con esas firmas, a partir del 17 de julio de 2001, las ayudas dejaron de publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, como se hacía hasta entonces.