La familia del cámara de Telecinco José Couso, fallecido en Irak el 8 de abril de 2003, ha anunciado hoy que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue el contenido de los documentos filtrados por Wikileaks y El País, que apuntan a la colaboración de este órgano con EEUU. Así lo ha asegurado el abogado de la familia, Enrique Santiago, en una rueda de prensa, en la que ha precisado que acudirán a la Fiscalía porque es “el organismo al que constitucionalmente le corresponde la investigación de estos hechos”.

Según ha explicado el letrado, la denuncia -que se presentará la próxima semana- recogerá “exhaustiva y detalladamente” lo que se ha publicado en la prensa sobre la colaboración de la Fiscalía con Estados Unidos.

Santiago también ha avanzado que la demanda señalará “expresamente” a las personas que presuntamente hayan participado en las reuniones y los intercambios descritos en los telegramas filtrados, entre las que se encuentran el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y la ex vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.

La familia de Couso también exigirá a la Fiscalía que se investigue si se ha podido entregar documentación de las actuaciones a quien no es parte del proceso, “algo que está expresamente vetado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, según el abogado.

Aunque no ha querido matizar qué delitos podría haber cometido la Fiscalía por estos hechos para “no presionarla”, Santiago ha reconocido que el artículo del Código Penal referido al encubrimiento es “bastante elocuente”.

En este sentido, ha recordado que el artículo 451 señala que el encubrimiento lo comete el que interviene con posterioridad ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad siempre que el hecho sea constitutivo de delito contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado u homicidio. “Estas circunstancias son precisamente los delitos que se investigan en la causa Couso”, ha matizado.

El hermano del cámara fallecido, Javier Couso, ha indicado que tanto él como el resto de la familia se sienten “absolutamente estafados” por la actitud del Gobierno y de los organismos judiciales, de los que también ha dicho que les “mintieron vilmente” y que “conspiraron con los representantes de los tres asesinos” de su hermano.

“Importa más la nacionalidad estadounidense que la española”, ha concluido.