La última batalla abierta entre Gobierno y controladores, con militares de por medio, llegó ayer a su fin con la declaración por primera vez en democracia del estado de alarma como vía para restablecer el tráfico aéreo. Una decisión única en la historia reciente de España que vino a responder al clamor de la sociedad por acabar y castigar con la mayor severidad una huelga salvaje que ha paralizado el país y ha dejado a más de 600.000 personas en tierra durante el puente de la Constitución.

A las 9.00 horas de ayer, el Ejecutivo se reunía en un Consejo de Ministros extraordinario -al que también asistieron el fiscal general del Estado y el abogado general del Estado como asesores legales- con el fin de adoptar las medidas necesarias para acabar con el paro de los controladores y reabrir al tráfico el espacio aéreo. A la vez, se constituía una comisión de crisis encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero y formada por el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba; el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui; el ministro de Fomento, José Blanco; y la ministra de Defensa, Carme Chacón.

En esta ocasión y ante un colectivo con el que mantiene un conflicto permanente, el Gobierno ha querido hacer gala de un músculo del que ha carecido en numerosas ocasiones. Y lo hizo declarando por decreto el estado de alarma, del que, según regula la Ley Orgánica 4/81, se puede hacer uso en «circunstancias extraordinarias» que hacen «imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios». Bajo esta situación todos los controladores pasaban de inmediato a estar movilizados y en caso de no acudir a sus puestos de trabajo «estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal militar», anunció Rubalcaba, cara visible del Gobierno ante la ausencia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde que comenzó la crisis no ha realizado ninguna comparecencia pública.

«El decreto determina que los controladores pasan a tener la consideración de personal militar y a quedar sometidos a las leyes penales y disciplinarias militares», apuntó Rubalcaba. Algo que, en caso de incumplimiento, se traduce en un delito de desobediencia que, según el Código Penal Militar por el que podrían ser juzgados, conlleva una pena que oscila entre los tres meses y los dos años de prisión.

Durante el anuncio de la medida, el vicepresidente primero volvió a expresar el apoyo del Ejecutivo a los cientos de miles de personas que se han quedado en tierra y, a modo de justificación ante lo acontecido, aseguró que, a su juicio, «nadie podía prever» que este colectivo «fuera tan insensato» y adoptara una decisión «no para hacer daño al Gobierno, sino a los ciudadanos». A última hora de la mañana, la decisión del Consejo de Ministros era anunciada en el BOE para poner fin a «una calamidad pública de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados, la entidad de los derechos conculcados y la gravedad de los perjuicios causados».

A partir de ese instante los militares desplegados en las torres de control comenzaron a comunicar personalmente a los controladores «la nueva situación» en la que se encontraban, es decir, sus «obligaciones, sus responsabilidades y las responsabilidades en que podrían incurrir» si no cumplían las primeras.

Reapertura

La drástica decisión del Consejo de Ministros no tuvo efectos inmediatos ante la negativa de algunos controladores de dar su brazo a torcer. Pasadas las 10.00 horas, Canarias protagonizaba un conato de reabrir su tráfico aéreo pero las presiones por parte de sus propios compañeros a los 24 controladores que se disponían a retomar su tarea les obligaba a desistir de su propósito.

Finalmente, a media mañana, los controladores reconsideraban su postura y empezaban a acudir de forma generalizada a sus torres de control para ponerse a las órdenes del personal militar. A las 15.45 horas, se anunciaba la apertura del espacio aéreo y los aviones comenzaban a despegar con cuentagotas -el primer vuelo de pasajeros desde Barajas partía a las 17.40 horas- y en medio de un caos generalizado por las cancelaciones acumuladas. Mientras se recupera la normalidad, Aena sigue recomendando a los viajeros que no acudan a los aeropuertos antes de confirmar telefónicamente con sus aerolíneas la disponibilidad de sus vuelos.

«No les saldrá gratis»

A las 20.15 horas volvía a comparecer ante los medios Rubalcaba para anunciar que poco a poco los aeropuertos iban recuperando la normalidad pero que serían necesarias aún 48 horas para solventar el caos originado por el paro. Por la tarde, apuntó, se encontraban en su lugar de trabajo más del 90% de los controladores, una cifra considerada como normal.

El vicepresidente primero quiso dejar claro que esta situación «no se volverá a repetir, ni en Navidades ni después, porque tenemos instrumentos legales para que así sea». Igualmente avanzó que el estado de alarma se mantendrá durante 15 días y si fuera necesario se solicitará al Congreso su prórroga.

Rubalcaba fue tajante al asegurar que esta «huelga salvaje» conllevará responsabilidades. De momento, AENA abrirá expediente a todos aquellos trabajadores que no acudieron a sus turnos. Horas antes, el ministro de Fomento, ya había especificado que esta acción «no les saldrá gratis». Al contrario de las palabras de Rubalcaba asegurando que nadie podía prever un acto semejante de los controladores, el ministro de Fomento reconoció que intuía que el colectivo planeaban «una situación de estas características para chantajear al Gobierno y mantener sus privilegios». De momento la Fiscalía General del Estado ha dado orden a sus órganos territoriales afectados de emprender acciones legales contra los controladores por un presunto delito de desobediencia. Además, se han registrado numerosas denuncias de particulares .

Desde el lado contrario, el secretario de comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, culpó al Gobierno de la situación. «Entendemos el perjuicio causado, pero ha de valorarse la virulencia de la provocación hecha desde AENA», afirmó. Cabo aseguró que resultó muy difícil convencer a sus compañeros de que regresaran al trabajo, ya que se trata de «una plantilla muy castigada». «La situación laboral viene degradándose en los últimos meses y ha llegado a un punto en el que explotó sin que el sindicato pudiera controlarlo. Hemos tardado unas horas», concluyó.

Más directo fue el portavoz del sindicato en Baleares, Javier Zanón, que aunque lamentó «rotundamente» lo ocurrido a los miles de afectados, insistió en que su colectivo se siente «absolutamente humillado por este Gobierno, que no ha respetado las leyes que ha propugnado, por lo que ha provocado esta situación de manera irresponsable». «Hay gente llorando y en situación límite, por lo que muchos están tomando ansiolíticos», añadió.

Los aviones vuelven a estar en el aire desde ayer pero el conflicto entre Gobierno y controladores sigue vivo y las posturas parecen ahora más lejanas que nunca.