Duros con los de casa, corderitos con los de fuera. La investigación abierta por la Fiscalía General del Estado para depurar las posibles responsabilidades penales en que incurrieron los controladores aéreos va a alcanzar a todos los técnicos que abandonaron su puesto, pero el objetivo número uno de las diligencias es identificar y sentar en el banquillo a los jefes, a quienes diseñaron y ejecutaron la estrategia que colapsó el espacio aéreo español durante 20 horas y atrapó en los aeropuertos a varios cientos de miles de españoles.

«Vamos a por los líderes y vamos a activar todos los medios de investigación necesarios para conseguirlo», aseguró
ayer un alto cargo del Ministerio Público.

La maquinaria penal cogerá ritmo el próximo jueves en toda España, pero los fiscales ya analizan en busca de posibles indicios de delito los atestados que les han entregado la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA. Miembros de las fiscalías de todas las audiencias provinciales comenzarán a citar a los controladores de su territorio que abandonaron de forma colectiva los aeropuertos el viernes y sábado pasados. Los interrogarán uno por uno y establecerán el orden de las citas con cuidado de que no coincidan con sus turnos de trabajo en los aeropuertos. Los investigados serán prácticamente los 442 técnicos a los que AENA ya ha abierto expedientes disciplinarios, para depurar su responsabilidad por la vía administrativa.

Sin causas militares

El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, explicó ayer en un corrillo del Congreso que su departamento contempla dos tipos delictivos para este comportamiento, los descritos en los artículos 20 y 21 de la ley Procesal Penal de Navegación Aérea, correspondientes a la sedición. El primero, aplicable a los controladores «de base», castiga con entre tres meses y tres años de cárcel a los empleados de aeropuertos que, en un número suficiente para perturbar el servicio, abandonasen de forma colectiva e injustificada su puesto en actitud de protesta.

El segundo, reservado para los dirigentes, castiga con penas de cárcel de tres a ocho años a quienes con lo anterior buscaron «interrumpir la navegación aérea». El fiscal general aclaró que hasta el momento no se ha abierto una sola investigación en la jurisdicción penal militar, porque ningún técnico desobedeció a los mandos o se ausentó injustificadamente del trabajo desde que entró en vigor el estado de alarma.

La Fiscalía no busca un proceso general sino llevar ante los tribunales a quienes impulsaron el presunto complot y a todos aquellos que participaron de forma activa y voluntaria en la operación de colapso aéreo. Por este motivo, será «inflexible» con los dirigentes y dará un trato «más favorable», incluso eximirá de toda acusación penal, a los técnicos de a pie que, aunque se ausentasen de sus puestos, lo hiciesen arrastrados por sus líderes y, de hecho, retornasen en cuento fueron requeridos para ello, según comentó la fuente fiscal. El objetivo es casi idéntico al que impulsará el ministerio de Fomento en los expedientes disciplinarios. José Blanco aseguró ayer que «la inmensa mayoría» de los controladores que se ausentaron de las torres «obedecieron indicaciones» de «su cúpula», sobre la que quiere dejar caer el peso de las sanciones, despidos incluidos.

El Ministerio Público ya ha ordenado a los fuerzas de seguridad algunas diligencias para desentrañar el complot y a sus jefes. No descarta realizar una investigación entre este colectivo del tráfico de llamadas, mensajes, correos o comunicaciones a través de redes sociales para determinar si hubo concertación para causar el caos y quiénes fueron sus impulsores. Los fiscales interrogarán con especial atención a los controladores que a través de Internet han justificado la huelga e incluso insultado a los ciudadanos.

Cuando la Fiscalía lleve el caso a los tribunales será investigado por los juzgados ordinarios (de instrucción) de cada territorio, ya que, por su naturaleza, la sedición aérea no es competencia de la Audiencia Nacional. El momento de judicializar las causas llegará bien cuando los fiscales hayan avanzado lo suficiente en las diligencias y depurado el número de sospechosos o bien, lo que es más probable, cuando haya que tomar medidas o realizar investigaciones que requieran de la autorización o del control judicial.