Outono.- Lo ha revelado uno de los jefes del PCE(r), el brazo político de los GRAPO, en una carta en gallego publicada el 4 de enero por una web de apoyo a los presos de esa banda terrorista. En la carta, fechada a 23 de noviembre, David Garaboa asegura que recibió la visita de “dos funcionarios, un hombre y una mujer, que se identificaron como miembros del “equipo de seguridad de la cárcel”, y que el encuentro se produjo “unos días después del anuncio de ETA de su abandono de la lucha armada”, es decir, a finales de octubre o comienzos de noviembre de 2011.

Garaboa cumple desde 2008 una condena de 11 años y 6 meses en la Prisión de Villena (Alicante), por pertenencia a organización terrorista y por llevar un carnet falso.

El cabecilla de los GRAPO revela el objeto de esa visita en el segundo párrafo de su carta: “La actitud de los funcionarios fue muy correcta y respetuosa tanto en las formas como en el fondo. Y con esto último me refiero a que en ningún instante vinieron con babosadas sobre hipotéticas rendiciones o arrepentimientos. Fue un intercambio de opiniones en torno a la situación creada a raíz del abandono de la lucha armada por parte de ETA, y de cómo podría afectar esta nueva situación a nuestro Colectivo”.

De ser cierto esto, resultaría sumamente grave que se esté vendiendo una imaginaria “rendición” de ETA que no se ha producido y al mismo tiempo se use ese anuncio -un chantaje etarra en toda regla- para facilitar a los GRAPO otro chantaje igual, y sin que se intente convencer a los cabecillas de esa banda terrorista para que se rindan y se arrepientan de sus crímenes.

Le plantearon beneficiarse “de rebote” del chantaje etarra de octubre

Garaboa también apunta que los funcionarios le dijeron “que probablemente después de las elecciones se producirían movimientos de cierto calado en el Colectivo de Presos Vascos”. Parece que el apunte no era gratuito: ayer mismo el PSOE y el PNV presionaban al PP para acercar a los presos etarras al País Vasco, haciendo así de recaderos de las exigencias manifestadas por los batasunos un día antes.

En relación con este asunto, el terrorista preso asegura que los funcionarios le preguntaron “si no aguardábamos beneficiarnos de rebote” de los beneficios penitenciarios que se les pudiesen aplicar a los presos vascos”, ante lo cual Garaboa reclamó la derogación de la Ley de Partidos -que permitió ilegalizar el PCE(r) en 2003 por ser parte de los GRAPO- y la Doctrina Parot, según la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios ha de aplicarse a cada una de las condenas de forma individualizada, y no al cómputo total de las condenas de cada preso (esto último ha permitido la salida de la cárcel de asesinos etarras habiendo cumplido una mínima parte de los años de cárcel a los que fueron condenados). Se trata de las mismas exigencias que vienen planteando ETA y sus secuaces para desarmar al Estado de Derecho.

¿Mostrando a los GRAPO el camino para burlar la ley?

Garaboa también apunta en su carta que “en lo que más insistieron fue en preguntarme si no estaba previsto que nuestro Partido, el PCE(r), tomase alguna iniciativa en la misma dirección que el MLNV”, es decir, negociar con el Estado para conseguir colarse en las instituciones sin que la banda terrorista ETA se haya disuelto ni haya entregado las armas siquiera. De ser cierto lo que cuenta ese terrorista preso, ¿qué pretendían los funcionarios? ¿dar pistas a los GRAPO de cómo saltarse la ley? Garaboa afirma, además, que “los funcionarios me decían que a nosotros nos interesa el diálogo con el Estado aunque sólo fuera para arreglar cuanto antes la situación de nuestros presos”. Lo más insólito es que, según el terrorista, “concordamos en que al margen de lo que diga la propaganda oficial, no es posible rematar un movimiento revolucionario con solo la vía policial, ya que mientras exista la voluntad de resistir, antes o después aparecerá alguien dispuesto a retomar la lucha”.

Desde luego, lo de llamar “movimiento revolucionario” a una banda de asesinos y atracadores como los GRAPO es una propaganda muy chusca, pero lo más curioso es que esa afirmación se habría producido cuatro años después de la desarticulación en Barcelona del último comando terrorista de los GRAPO. Esa banda, autora de 82 asesinatos, veía detenidos unos meses después a los responsables de su aparato de propaganda e información.

En todo caso, y de ser cierto lo señalado -seguro que la visita quedó registrada y que las autoridades penitenciarias podrían confirmar si se produjo o no- hay algo que no por haber sido frecuente durante el mandato del PSOE deja de ser repulsivo y hasta humillante para el Estado de Derecho: que sea el Gobierno de España el que pida árnica a los terroristas. Resulta aún más chocante que el ejecutivo socialista, que se destacó por su escasa voluntad de diálogo con los sectores políticos y sociales críticos con sus políticas desde el entorno de la derecha democrática, al mismo tiempo tuviese tanta voluntad de diálogo con la izquierda terrorista y totalitaria.

En todo caso, y una vez desalojados del poder los socialistas, al nuevo gobierno le corresponde conseguir que los terroristas no tengan ninguna esperanza de obtener rédito alguno de sus crímenes. Muchos estaremos pendientes de ello.