El que fuera director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, imputado ahora por ser el gestor de las ayudas mediante el llamado «fondo de reptiles», concedió subvenciones desde su puesto en la administración autonómica a una empresa que después, cuando el alto cargo fue cesado en Empleo en 2008, lo fichó como director general, según ABC. Así reza incluso en la tarjeta de visita que Guerrero entregó a buena parte de los intermediarios que habían trabajado con él durante su etapa como director de Trabajo.

Se trata de la consultora Gestión de Infraestructuras Financieras de Europa S. A., Gestifesa, firma especializada en gestión de subvenciones y en líneas de financiación para grandes empresas y Pymes, la cual contrató al que fuera también alcalde socialista de El Pedroso unos meses después de abandonar la Junta tras haber gestionado millones de euros en ayudas a empresas que ahora se investigan por vía judicial. Guerrero pidió la excedencia por dos años de la Administración cuando fue llamado por el responsable de Gestifesa, firma a la que el primero había subvencionado anteriormente con cantidades muy importantes, alguna de las cuales procedía del «fondo de reptiles» que ahora la Justicia fiscaliza.

La tarjeta de visita

Así lo refrenda al documentación a la que ha tenido acceso ABC, en la que se comprueba que desde la Junta de Andalucía, concretamente desde el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), se concedieron diversas ayudas a la consultora radicada en Sevilla —antes en Nervión, ahora en la Avenida de la Constitución— entre 2002 y 2003 en la que luego trabajó Guerrero. Esas ayudas venían refrendadas y firmadas por el director de Trabajo y suman, como mínimo, 138.700 euros, recibidos por trabajos de asesoramiento a varias sociedades, entre las que aparece alguna vinculada a la trama de los ERE fraudulentos financiados con dinero público. Entre julio y agosto de 2002, por ejemplo, se ordenó el pago de 69.020,24 euros a Gestifesa por dos estudios de viabilidad, cada uno de los cuales se facturó en 34.510,12 euros: uno para la empresa malagueña Hitemasa —de las principales implicadas en el fraude por la presencia de «intrusos»— y otro para la cordobesa Azahara Textil. Al año siguiente, desde el IFA se utilizó la famosa partida 31L, la del «fondo de reptiles», para pagar a Gestifesa otros 69.717,42 euros; primero, 34.858,71 en marzo y después la misma cantidad en noviembre, ambas por «estudios generales» —un documento de menos de 40 folios— para la empresa Refractarios y Derivados de Guadalcanal, en la Sierra Norte sevillana. Al menos de esas ayudas hay documentación fehaciente y en la misma es el propio Guerrero el que firma las concesiones.

Una vez fue éste cesado de su cargo como director de Trabajo, Guerrero estuvo varios meses en el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, para poco después ser contratado por Gestifesa. Para ello, pidió una excedencia «por interés particular», que venció hace aproximadamente un mes, por lo que reclamó su regreso a la Consejería de Empleo, donde tiene plaza de funcionario. Aprovechó Guerrero para acceder a ese puesto de trabajo su buena relación con el entonces administrador único de Gestifesa, José Ángel Martín Moreno, junto al que se presentaba ante los posibles clientes. El responsable de la empresa que lo fichó, por cierto, había sido condenado en firme en 2005 por un delito de estafa y falsedad documental, por lo que fue inhabilitado a contratar durante cinco años con las administraciones públicas. Antes que en Gestifesa, Martín operaba en una sociedad también dedicada a la tramitación de subvenciones (Bussiness Server S.L.), donde, según la Justicia, confeccionó un documento falso para simular ante una tercera empresa que había recibido una ayuda con fondos europeos.

Con este condenado empezó a trabajar Guerrero tras abandonar la Administración andaluza. Pero, además, cabe resaltar que Gestifesa había tenido antes en nómina durante cuatro años a la propia esposa de Guerrero, Lourdes O.M., que trabajó en esta consultora desde febrero de 2004 hasta diciembre de 2007 con la categoría de periodista y mientras su marido era director general en la consejería que concedió ayudas a esta sociedad intermediaria. Mientras Guerrero era alto cargo de la Junta, su mujer, que se encontraba en paro en El Pedroso, fue contratada por la consultora que obtuvo subvenciones del ejecutivo andaluz. El PP preguntó por este asunto en el Parlamento andaluz en marzo de 2009, justo un año después de salir Guerrero de la dirección que ocupaba en Empleo. La juez Mercedes Alaya le acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por la supuesta tramitación irregular de los ERE, al igual que a otros altos mandos de la Junta.