Por estas fechas, hace un año, se ampliaron los marcos de aplicación de la ley de Violencia de Género por el procedimiento de otorgar más beneficios aún, en este caso a las mujeres inmigrantes sin papeles: automáticamente, solo por denunciar, tenían papeles, casa, pensión, cursos de formación y todo lo necesario para integrarse como una ciudadana española  ya asentada.

El argumento que se dio entonces para tal medida es que así las mujeres extranjeras ilegales en España podrían denunciar sin el miedo que tenían de poder ser deportadas, argumento falaz totalmente falso ya que cualquier extranjero, con o sin papeles, puede denunciar un delito en España y por el mero hecho de estar su denuncia subjúdice ya no se deporta pues es parte en juicio. Así pues, lo que realmente había detrás era fomentar la industria y el negocio de género dando datos del crecimiento de denuncias que se hacían única y exclusivamente a cambio de beneficios sociales.  Las subvenciones se están dando en función del número de denuncias, no de objetivos alcanzados, cuando se justificaba la “discriminación positiva” para la mujer, discriminación negativa para el hombre,  por una cifra de muertas en manos de sus parejas  que se mantiene por inutilidad de la Ley, creciendo, en cambio, el número de hombres muertos en manos de sus parejas.

No podía ser de otra manera: este año 2010 se cierra con un 40% de denuncias de mujeres extranjeras. Y los jueces ya han anunciado que al menos la mitad de las denuncias que se presentan son falsas.

Por aquel entonces ya publiqué en varios medios que a un año vista desde el “ministerio de Igual-da”  podríamos leer que se diría “hemos notado un preocupante crecimiento de las denuncias de mujeres extranjeras por lo que tendremos que ampliar medidas…” esto es solucionar el “problema” creado ampliando presupuestos, subvenciones a organizaciones afines del PSOE de género -casualmente solo regidas por mujeres en su mayoría de coordinadoras de lesbianas de extrema izquierda- más viajes, ponencias, conferencias, etc….

Hace tres semanas el portavoz del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba que en el Consejo de Ministros se iba a aprobar un decreto por el que los hombres denunciados, no condenados, por violencia de género se les retirarían la patria potestad. Las voces no se hicieron esperar. A un ladrón de Bancos, no se les retira, se puede ser ladrón y buen padre, pero resulta que una vez más ni hace falta ser condenado, solo denunciado por una mujer, para que a un padre se le quiten sus hijos. Rubalcaba se desdijo ante toda la presión mediática que hubo pero se encontró que para los presupuestos del año que viene ya se contaban con partidas presupuestarias millonarias y compromisos sociales y electorales para seguir alimentando la industria de género y lo que es peor, para esta corrupta institución, que haya una creciente sensibilidad y cambios normativos a favor de la “Custodia Compartida”.

Como lo que se pretende es tener el apoyo de las votantes femeninas despiadadas, por fortuna cada vez hay más mujeres que están en contra de esta falsa “igualdad”, se ha de buscar la manera para que la nueva norma no se pueda aplicar y a la vez que sigan creciendo las denuncias y el negocio. ¿Solución?, que por decreto los hombres por el mero hecho de estar denunciados ya no puedan optar a la Guardia y Custodia de ninguna forma, y menos compartida.

En Aragón ha empezado a aplicarse la Ley hacer pocas semanas, con la torpeza de la inexperiencia del principio, en Catalunya se aplicará a partir del 1 de enero del 2011 y así sucesivamente irán viniendo las de Valencia, País Vasco, Galicia… , pero una vez más adivino que dentro de un año volveremos a leer  “se ha notado un preocupante crecimiento de las denuncias  -falsas-  en España” sesgando la información, como siempre, que se trata de denuncias en procesos de separación para que todo vaya al favor de la mujer.

Así que al cabo de una semana de desdecirse, Rubalcaba anuncia, como hecho consumado, que definitivamente se ha aprobado este decreto, los hombres que se estén separando de sus mujeres, solo tienen que esperar a que sean denunciados, sin prueba alguna, detenidos y expulsados de su casa en 24 horas sin posibilidad de poder recuperar ni la casa, ni los niños y pagando la hipoteca, su nueva casa y una pensión alimenticia, cuando no, además, una compensatoria. Así se están suicidando entre 600 y 800 hombres cada año, calculo que se hace extrapolando estadísticas porque el Estado de la Igual-da dejó de publicar estos datos a los dos años de aprobar la ley de Violencia de Genero, cuando observó que las falsas acusaciones estaban disparando la cifra de suicidios.

La falacia más grande de todo ello es “justificar” que estas medidas se tomas por el bien de los menores. A una mujer denunciada de malos tratos no se le priva de la guardia y custodia, pero a un hombre sí; a un violador, a mi modo de ver  la actitud más ruin del machismo “como situación de dominio y de poder contra la mujer” como cita la ley de Violencia de género, tampoco se le priva de sus hijos. Es más, como el caso de Marcos de San Adriá del Besos, Barcelona: su mujer le clavó 5 puñaladas, está procesada por intento de homicidio, le quitaron la guardia y custodia mientras estaba detenida, pero ya está en la calle y los servicios psicosociales (SATAF)  consideran que la madre ha de tener la guardia y custodia porque el padre “habla mal de ella” y se la han dado.  Para el interés del menor no existen ni las maltratadoras, ni las asesinas, ni los violadores… solo existe que una mujer,  que por definición es, ha de ser, siempre será y se ha de decir así, “pura, santa y buena madre” y que denuncie en falso a su pareja.

Ángel Antón