La jueza que investiga los ERE irregulares, Mercedes Alaya, ha imputado a una veintena de personas, entre ellos el actual director general de Empleo, Daniel Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, así como a varios responsables de consultoras, abogados, empresarios y sindicalistas.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha emitido hoy un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que se imputa al actual director general de Empleo por ordenar el 1 de septiembre del 2010 pagos a favor de extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa.

Igualmente, imputa a su antecesor Juan Márquez por autorizar la inclusión de intrusos en los ERE de las empresas Surcolor, Aglomerados Morell, Río Grande y Calderinox, esta última en la que se incluyó al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, aunque nunca trabajó en ella.

Juan Márquez y Daniel Rivera sucedieron al frente de la Dirección General de Empleo a Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la trama y que llegó a definir como “fondo de reptiles” las ayudas que se otorgaban a través de la Agencia IDEA -antiguo IFA- para financiar ERE irregulares y subvenciones en las empresas.

Guerrero ha sido citado por la jueza el próximo 23 de febrero a las 10:30 horas para declarar en calidad de imputado, después de que ayer testificara ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la que confesó que sus decisiones no eran “unipersonales” sino “compartidas” con los consejeros.

Imputados están también el exdirector comercial de Vitalia Antonio Albarracín y el exconsultor de esta empresa Jesús Bordallo, consultoras que tramitaron los ERE y que llegaron a recibir comisiones del 25 por ciento por su trabajo.

Más imputados

En el auto también se imputa a los despachos de abogados Garrigues y Villasís por participar en la tramitación de los ERE; así como a dos dirigentes de CCOO en el sector del metal, Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca, además de los responsables de las empresas Calderinox, Acyco, Aglomerados Morell, Surcolor y Río Grande.

En el escrito se requiere a la Agencia IDEA que remita al juzgado un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a las consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente, desde el 2001 hasta el 2010.

A raíz de la petición en un auto anterior de la jueza para que la Junta investigara las ayudas concedidas en esas consejerías, se ha puesto de manifiesto que los créditos definitivos de las aplicaciones presupuestarias correspondientes a transferencias corrientes y de capital que han servido de financiación para el IDEA ha sido de 4.315 millones en el período del 2001 al 2010.

La jueza pide a la Junta las comunicaciones a la Comisión Europea relativas a las ayudas de Estado concedidas a las empresas por las diferentes consejerías desde el 2001 hasta la actualidad.

En el mismo sentido, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las consejerías que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea (CE) durante el mismo período.