El presidente del Congreso, José Bono, inició en 2006, siendo aún ministro de Defensa, las gestiones para que la Hípica Militar de Loyola (San Sebastián) fuera adjudicada a una sociedad ligada a la entonces eurodiputada socialista Bárbara Dührkop. Según detalla el grupo Intereconomía, el pasado 28 de octubre, un mes antes de las elecciones, los trámites llegaron a su fin y la última inquilina del ministerio, Carme Chacón, otorgó a tres socios de Dührkop la administración del centro ecuestre donostiarra.

Así se desprende de las pruebas aportadas ante el Juzgado número 2 de Madrid, que investiga el caso –tras una denuncia por prevariación contra Chacón–. Se trata del intercambio de correspondencia entre Dührkop y Bono previo a la adjudicación de la instalación deportiva donostiarra. El 3 de marzo de 2006, a través de una misiva registrada con membrete del Ministerio de Defensa, Bono comunicó a la entonces eurodiputada que se hacía cargo del interés que esta tenía por cambiar la gestión de la hípica militar. El ex ministro le aseguró que ya había “trasladado” el asunto al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y al secretario general técnico del ministerio con objeto de “encauzar” las peticiones de la citada eurodiputada.

Dos semanas antes, Dührkop había enviado una carta al entonces titular de Defensa pidiéndole ayuda para que los militares dejaran de controlar la instalación de Loyola y esta pasara a ser administrada por personal civil, entre el que ella se encontraría. En su escrito, la ya ex eurodiputada socialista apelaba a “la pasión por los caballos que compartimos”, para lograr el favor de Bono, y utilizaba asimismo el membrete del Parlamento Europeo, haciendo valer de ese modo su cargo dentro de la institución comunitaria.

Cinco años después, y tras otros trámites, el pasado 28 de octubre, la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa otorgó mediante concurso público la gestión definitiva de la hípica a los tres socios de Dührkop (Alberto Catalán, Jesús Ferreiro y Jesús María Rayo), agrupados en torno a la Asociación Ecuestre de San Sebastián Hipikalia. Todos ellos han estado ligados a la ex eurodiputada en distintas sociedades y entidades que durante los últimos años han tenido la misma finalidad: controlar las instalaciones de Loyola.

La sociedad perjudicada por la concesión, Akullarte, es la artífice de la denuncia interpuesta ante el Juzgado número 2 tanto contra Chacón como contra su directora general de Infraestructuras cuando se produjo la adjudicación, Mónica Melle. El denunciante argumenta –además de las motivaciones políticas que se desprenden de las citadas misivas– que su oferta era tres veces superior. Mientras Akullarte propuso 180.000 euros por cinco años de gestión, su rival Hipikalia tan sólo ofreció 60.000 euros. Para más inri, el capital social de la primera oferta –cerca de un millón de euros– también superaba ampliamente al de Hipikalia (500 euros), que además había sido creada sólo seis meses antes.

Los tres socios de Dührkop están relacionados con la ex eurodiputada desde hace años. En 2007, los cuatro conformaron una sociedad también para hacerse con la Hípica, Ekieaso, constituida pocos meses después de la carta de respuesta de Bono. Todos menos Dührkop, sin embargo, desaparecieron más tarde del organigrama que figuraba en la página web.

Primero, a dedo

Los mismos tres socios de Dührkop también se situaron al frente de la junta directiva de la Federación Guipuzcoana de Hípica, que el 1 de noviembre de 2008 recibió un sospechoso regalo del Ministerio de Defensa: la gestión por dos años de la explotación del centro ecuestre, que maneja un presupuesto aproximado de 600.000 euros anuales.

Antes de cumplir el plazo previsto de dos años, el 17 de mayo de 2010, los tres crearon Hipikalia, al tiempo que comunicaron a Defensa que la Federación –de la que eran representantes– no quería continuar con el control del recinto equino. Poco después, el Ministerio de Defensa traspasó a dedo a esa nueva sociedad (Hipikalia) la gestión del centro ecuestre el 1 de septiembre sin informar siquiera a los miembros de la Federación. Es decir, que ellos mismos continuaron administrando la instalación deportiva desde una asociación externa con el beneplácito del Gobierno de España y sin haberse producido el correspondiente concurso público.

Contra este arreglo existen varios procedimientos judiciales iniciados por miembros de la asamblea de la Federación. Entre ellos, una querella criminal interpuesta contra los tres miembros de la junta. Esta denuncia argumenta que los acusados traspasaron el control del centro deportivo “sin notificación alguna a la asamblea general”. Los querellantes aseguran que, “prevaliéndose de su situación de miembros de la junta directiva de la Federación, realizaron acuerdos con el Ministerio de Defensa para adjudicar sin concurso alguno la explotación mercantil de la hípica de Loyola”.

“Todos los beneficios de dicha explotación –continúa– se articularon para que no redundaran en la federación, sino en ellos, en sus familiares o amistades”. “En la asamblea general de la Federación y ante el propio Ministerio de Defensa se creó de forma oculta la citada asociación Hipikalia, para transferir todo el negocio a dicha entidad, que constituye un fraude de ley, con el objeto de subrogarse en la explotación de un centro deportivo de titularidad estatal, sin previo concurso público y sin que dicho club tenga una verdadera actividad asociativa”, reza el escrito.