EC. El calvario procesal que se ha abierto para el PSOE de Andalucía en plena campaña electoral podría tener un nuevo hito a las puertas mismas del 25 de marzo, ya que en breve está prevista la declaración de Juan Francisco Trujillo, el chófer oficial del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, que fue quien destapó el uso del dinero de los ERE para la compra de cocaína que, presuntamente, consumía su jefe a cargo del presupuesto público. Habida cuenta del destino que los hechos han deparado a Guerrero, en el PSOE se teme que antes de que se abran las urnas haya alguien más camino de la cárcel de Sevilla.
El pánico que recorre la piel del PSOE en Andalucía tiene que ver ya más con lo que se avecina que con el amargo trago que ha supuesto la comparecencia y encarcelamiento de Guerrero. De hecho, para la próxima semana, a las mismas puertas del 25-M, tendrá que comparecer el ex chófer Francisco Trujillo, que conoce los más íntimos secretos tanto de Guerrero como de los que le frecuentaban, pues además de ser su conductor oficial era amigo del mentor de los fondos de reptiles.

Aunque Guerrero ha declarado ante la juez Alaya que ni consumía drogas ni era tan dependiente del alcohol como Trujillo declaró en un juzgado de Jaén, todo apunta a que el que llevaba el volante por la autopista de los ERE puede tener algún golpe de efecto preparado para salvar el pellejo ante lo que se le viene encima.

Un futuro Gobierno camino del juzgado y con IU levantando alfombras

El pánico que atenaza al PSOE en esta campaña tiene que ver también con lo que podría pasar si consigue mantener el Gobierno de la Junta, en coalición con IU. A raíz de las investigaciones y los testimonios que se han realizado a lo largo de la instrucción, un futuro Gobierno socialista se convertiría en una permanente olla a presión en la que los altos cargos e incluso el futuro presidente, en el caso de que fuera José Antonio Griñán, se verían obligados a continuos paseos desde el Palacio de San Telmo a los juzgados, con la correspondiente erosión que ello supondría para las instituciones andaluzas.

IU, a través de su líder, Diego Valderas, ha asegurado que de llegar a la Junta -en su caso sería en coalición con el PSOE, si el PP no consigue mayoría absoluta- levantaría las alfombras, comprometiéndose a limpiar la Administración autonómica de corrupción. Si ello ocurriera, la convivencia en un Gobierno de coalición con este perfil sería poco menos que imposible.

Mar Moreno sería consejera y declarante

A raíz de la declaración de Guerrero, uno de los altos cargos que podrían ser llamados a declarar sería la actual consejera de Presidencia, Mar Moreno. Griñán se ha comprometido públicamente a contar en un futuro Gobierno, si consigue mantener la presidencia de la Junta, con todas las mujeres que le han acompañado en el actual. Entre ellas figura Moreno, con el más alto cargo del Ejecutivo, la consejería de Presidencia. Si repitiera en un futuro equipo, Moreno se podría ver obligada a compartir la agenda entre su gestión en la Junta y las comparecencias ante la juez Alaya. La declaración de Guerrero apunta a que Moreno estaba al tanto de todo lo que se hacía con el dinero de los ERE.

A todo ello hay que sumar la posible entrada en prisión del ya imputado Antonio Fernández, ex consejero de Trabajo y máximo responsable del IFA cuando se decidió evitar que la Intervención controlara el dinero de los ERE; la posible imputación de José Antonio Viera, que tendría que declarar ante el Supremo por ser aforado, e incluso la de Gaspar Zarrías, diputado también, que al hilo del testimonio de Guerrero era el que presidía los consejillos en los que se asignaban las subvenciones irregulares e impedía que llegaran al Consejo de Gobierno las peticiones de órdenes o decretos para regular la asignación del dinero presuntamente repartido de forma ilegal.