La denuncia, muy generalizada, de las autonomías políticas, como una de las causas fundamentales de la crisis profunda que padece España, y que está poniendo en grave peligro su unidad, exige poner en claro que hubo una beligerante oposición a las mismas.

No son equivalentes uniformismo y unidad, como no lo son diversidad y dispersión. La diversidad enriquece, la dispersión aniquila. La uniformidad acogota, la unidad fortalece.

Por eso, a los que hoy hacen, -muchos en número- esta denuncia, y no recuerdan que dieron su voto a la Constitución, y lo han reiterado a los partidos políticos, pilares del sistema que la elaboraron, tenemos que recordarles que entre los que participamos en esa oposición beligerante a las autonomías políticas, nos encontrábamos, los que en Fuerza Nueva tratamos de exponer, para conocimiento del pueblo español, las razones y las argumentos, en que nos apoyamos.

Antes de que la Constitución de 6 de diciembre de 1978 se aprobase por mayoría en referendum, yo di una conferencia en Madrid, el 18 de Mayo de 1.978, con el siguiente título: “La unidad de España en el proyecto de Constitución”, y que, con otras palabras y abundantes pruebas, completé, siendo ya diputado, en 1979, en el debate sobre los Estatutos. De mis intervenciones en el Congreso, y fuera de él he dado cuenta detallada, en el volumen II de “Escrito para la Historia”. La conferencia a que acabo de aludir, queda trascrita literalmente a continuación:

“Mientras se discute en el Congreso sin chaqueta, porque los diputados no pueden aguantar el calor. España se deshace a pedazos. Suena hasta a humor negro que se haya aprobado por la Comisión correspondiente el art. 1 del proyecto de Constitución, en el que se lee; y decimos que suena a humor negro porque, mientras se llegaba a esa redacción de arranque, los padres, a las esposas y a los hijos de los guardias civiles y policías armados que morían en ese momento acribillados por las balas asesinas o por las explosiones de goma 2 la libertad no era otra que la de matar a los suyos; la justicia no era otra que la impunidad presagiada en las amnistías y en los anuncios de diálogo con la ETA; la igualdad no era otra cosa que la de ser enterrados y recibir una medalla a título póstumo , y el pluralismo político no era otro que el caos, el desorden, el terrorismo y la violencia que están cubriendo de sangre y pánico muchas ciudades españolas.

Con independencia de su contenido, el anteproyecto de Constitución, examinado y discutido ahora por la Comisión correspondiente, es inviable, porque, en un clima tenso como el que España vive, falta la madurez y la serenidad de juicio que son imprescindibles para confección de una ley constitutiva.

Por si eso fuera poco, el intento adolece, además, de dos fallos fundamentales: uno, que, no habiendo sido convocadas las elecciones de 15 de junio de 1977 con carácter constituyente, el mandato conferido por los lectores no comprende la elaboración de un texto constitucional; y sólo por ello la Constitución sería nula.

Lo que está en juego, en última instancia, como tantas veces hemos dicho, es España como nación, como criatura histórica, como entidad soberana. Y está claro que ningún gobierno, ningún Régimen, ni menos la Monarquía, cuya única legitimidad arranca del 18 de julio, puede comprometer la existencia misma de la nación.

Si nos quedamos sin España, si España pierde su unidad, aquello que la vertebra y la vivifica, si la dejan sin alma, sin razón de ser, es inútil seguir discutiendo. Hacer una Constitución para lo que se ha desconstituido, para lo que se ha dejado de existir; más, aún, para aquello que se da por supuesto que no existe o, a lo sumo, que está llamado a desaparecer sería tanto como confeccionar un vestido para un cadáver o para un enfermo de gravedad, condenado a muerte. Pero a los muertos no se les confeccionan vestidos, sino mortajas, y para los pueblos que han dejado de existir por falta de vitalidad interna, no se elaboran constituciones, sino que, explicita o tácitamente, se suscribe una dimisión histórica.

Ya sé que espíritus moderados, desde la frialdad de su gabinete, desde la obediencia a consignas ocultas o desde la hipocresía, en ningún caso se pone en juego la unidad de España.

Se trata –nos dicen- de una forma distinta de entender esa unidad y, por supuesto, en nada coincidente con la postura centralista de Estado recibido y con la imposición monopolística de la impronta castellana al resto de las regiones españolas. Se trata del reconocimiento de la España plural y diversa, de modo que los planteamientos constitucionales, lejos de disgregar a España, contribuyen al fortalecimiento de su unidad.

Bastaría para deshacer el valor dialéctico y suasorio de este lenguaje recordar el que ha sido empleado hasta la fecha por fautores del cambio político; pero conviene emplear argumentos de fondo.

El artículo 2ºdel proyecto aprobado por la Comisión de Actividades Constitucionales, a primera vista, puede dejarnos tranquilos: la autonomía no sólo no contradice la unidad de la nación, sino que la fortalece por el juego de la solidaridad entre las nacionalidades y las regiones autónomas.

Pero las cosas no son tal y como se pintan, sino tal y como son. Lo que aparece en el cuadro es materia pictórica, más o menos artísticamente configurada, mientras que aquello que se halla en el mundo de las realidades es mineral, vegetal o anormal, con unas propiedades ontológicas distintas a las de material pictórico.

Vayamos, pues, del teorema figurativo en ocasiones abstracto, a ese mundo de las realidades; del área de las declaraciones sobre la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, a las empresas en crisis, a los obreros en paro, a la inflación creciente y a los asesinados por la ETA; a la nación española a punto de hacerse pedazos.

Primera contradicción que facilita la tarea sucia de deshacerse a pedazos:

En el párrafo 2º del art. 1º del proyecto constitucional se dice que el pueblo es soberano. Por consiguiente, si no hay nada por encima de él que debe respetar, si todo lo que se arbitra por mayoría es bueno y debe aceptarse –pues ahí es donde se halla el peso específico, el centro de gravedad de la soberanía-, es evidente que si se acuerda que la nación española es divisible, será precisa la aceptación de esa voluntad soberana.

Por ello, la declaración enfática del art. 2º sobre la indivisibilidad de la nación española y la indisolubilidad de la patria común, se halla permanentemente en precario. Lo honesto, pues, sería decir claramente que esa indivisibilidad de España se mantendrá mientras la voluntad soberana del pueblo no decida otra cosa. No aclararlo así constituye una farsa, que si en todo caso es lamentable, lo es aún más en un sistema político que dice respetar la voluntad del pueblo.

De aquí que una de dos:

o el art. 2º queda supeditado al 1º, en cuyo caso supuesto la unidad de España es divisible por voluntad popular;

o el art. 2º es independiente y aún superior al 1º, en cuyo caso la voluntad popular no se respeta y la soberanía no reside en el pueblo.

En este sentido, era más lógico y, sobre todo, más sincero el Principio IV del Movimiento. El principio se proclamaba, por su propia naturaleza, permanente e inalterable, siendo nula cualquier disposición contraria al mismo.

La voluntad popular tiene autonomía muy amplia, poderes, decisiones evidentes, pero a lo que no alcanza, salvo que se admita el autogenocidio, es a destruir los presupuestos de su propia existencia. La voluntad popular puede decidir sobre las líneas maestras de la arquitectura política, lo que no puede es, a no ser que se admire el absurdo, destruir el suelo y el subsuelo sobre el cual el edificio ha de levantarse.

Y ello es así, porque la soberanía no reside en el pueblo –y ésta es la gran mentira del proyecto constitucional-, sino que viene de Dios; y hay, por ello, un derecho divino revelado o natural, que constituye el presupuesto de la dignidad y de la libertad del hombre y de la recta ordenación de la comunidad política. Ese derecho pone una frontera a la voluntad humana individual o patrimonio histórico – la Patria- que cada generación recibe no como un dominio quiritario, sino como una herencia en administración, que debe conservar y enriquecer y nunca menoscabar o dilapidar.

De aquí que el precedente de la reforma política fuese malo. Al discutirse en las últimas Cortes franquistas el proyecto de Reforma, y plantearse que el tema de la derogación del Principio VIII, es decir, el de los cauces de representación política, eliminándolos de carácter natural, y por tanto las instituciones sociales básicas, para sustituirlos por la constitución artificial de los partidos políticos, se dio paso libre a la piqueta destructora.

Si el Principio VIII ni era permanente por su propia naturaleza, sino susceptible de reforma o derogación como cualquiera de las leyes constitucionales o fundamentales, también lo podrán ser los demás, y entre ellos el VII y el IV, que tampoco son presupuestos anteriores a la Constitución, sino materia sometida a su articulado y por ello a la voluntad popular.

Esta es la razón por la cual, en pura lógica, se haya cuestionado la legitimidad de la Monarquía y la unidad de España. La legitimidad de la Monarquía, en el Congreso, la ha cuestionado en nombre del PSOE, que no gobierna pero tiene un participación sustanciosa en el poder.

En cuanto a la unidad de España, el diputado Francisco Letamendia quiso que se proclamara constitucionalmente el principio de la autodeterminación, es decir, la capacidad de las llamadas regiones hasta ahora para seguir unidas o separarse de España, constituyendo un Estado independiente.

Y decimos que es lógico, porque no se puede sentar un principio falso, por elegante que sea su exposición gramatical, y escandalizarse por sus consecuencias: sobre todo cuando las mismas inciden en lo que se consideró inmune a cualquier tentativa de asalto.

Pero sigamos con la argumentación de fondo y hagamos las siguientes preguntas:

I. ¿Son compatibles los conceptos unidad de la nación y autonomía de las nacionalidades que la integran?

II. ¿Dónde está la diferencia entre nacionalidad autónoma y región autónoma?

III. ¿Es posible no ya el reconocimiento, que dice muy poco, sino la garantía de la solidaridad entre las nacionalidades y las regiones autónomas?

Nación española y nacionalidades que la integran

Que España está integrada por regiones es un hecho palpable que se detecta a simple vista; y es, por otra parte, un derivado histórico en el que, por conocido, resulta innecesario detenerse.

¿Pero cabe una nación compuesta o resultado de un mosaico de nacionalidades?

En primer lugar, la distinción pretendida entre nación y nacionalidad es el vínculo que liga a la persona con su nación. En este sentido nato, yo soy español porque tengo la nacionalidad española, y la nacionalidad española la integramos quienes tenemos esa nacionalidad. Toda esa explicación distinta es una lucubración engañosa que induce a la confusión; y uno de los males inherentes a la democracia parlamentaria es la busca de doble o múltiple sentido a los vocablos, porque para eso la voluntad soberanía puede embarcar ideas contradictorias en la misma locución.

Nacionalidad, pues, no es otra cosa que nación, y por ello alguien ha dicho (Roca Junyet), recusando la palabra nacionalidad, que España es no una nación de nacionalidades como quiere el proyecto de ley constitutiva, sino una nación de naciones, aunque ello sea una barbaridad.

Y es una barbaridad porque, si se es nación, la nación no puede comprender naciones, y si hay naciones distintas, la unidad de a nación no existe, es una ficción sin respaldo real.

La reflexión hay que llevarla a otro terreno: al binomio Nación-Estado.

Desde Mancini, el correlato ente una y otra era evidente; cada nación requería un Estado. Si no lo tiene, lo busca para ponerlo a su servicio. Las naciones europeas que alcanzaron últimamente su unidad –Alemania, Italia, Rumania-, dispersas y fragmentadas, buscaron su Estado, y cuando lo crearon surgió la unidad nacional respectiva. El Estado jugó su papel integrador porque, en definitiva, el Estado es el sello político de la nacionalidad.

Hoy, sin embargo, se intenta romper el binomio Nación-Estado. Se pretende justificar –y ahora se aplica al momento español- un Estado multinacional. Y ese intento de justificación explica el art. 2º del proyecto que estudiamos. Lo que ocurre es que el artículo, como fruto del pacto, no se atreve a consagrar un Estado multinacional, o dicho con las frases al uso: un Estado español, por una parte, y unas naciones, por otra; de manera que lo sustantivo sean las naciones y lo adjetivo y puramente artificial lo sea el Estado.

La fórmula del compromiso es contradictoria, porque, evidentemente, cabe la posibilidad teórica de que España desaparezca como algo sustantivo, convirtiéndose en Estado; pero lo que no cabe, ni en el mundo de las ideas ni en el de las realidades, es que España sea una nación y también lo sean, aunque se las califique de nacionalidades. Las comarcas que hasta ahora la han integrado. Por ello: o España es nación y no existen las nacionalidades, o, si existen las nacionalidades, España no es nación sino un trozo de geografía, un país, el adjetivo identificar de un Estado.

Pero esta nomenclatura política no ha surgido ahora, de momento y por generación espontánea. No ha sido fruto de una improvisación. Conviene rastrearla, porque conociendo su origen, su itinerario político y su difusión, alcanzaremos a comprender su verdadero alcance y trascendencia.

La nomenclatura que hoy cobra nuevo vigor y actualidad, por lo que a nosotros respecta, nace en Cataluña. Pedro Muntanyola y Prat de la Riba, en el certamen celebrado en Sabadell en 1893, dicen: “¿Cuál es la Patria de los catalanes?: Cataluña. ¿No es España, pues, la Patria de los catalanes? España no es más que el Estado o la agrupación política a que pertenecemos. ¿Y qué diferencia hay entre Estado y Patria? Que el Estado es una entidad política, artificial, voluntaria, y la Patria una comunidad histórica, natural, necesaria”.

De lejos le viene la idea a quien fue miembro de la Generalidad en época aciaga, el honorable Tarradellas. Por ello recuerda, sin duda, que Macià y Companys, el 14 de abril de 1931, proclamaron la República catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica.

¡Qué serie de combinaciones –ya en aquella época- para no hablar de España, sino de República española o de Estado español!
Traer a colación cuanto dijo sobre el tema Sabino de Arana sería interminable. Su odio a España fue obsesivo; más grande que su amor al pueblo vasco, como dijo Unamuno. Basta recordar su júbilo ante la posibilidad de que España desapareciese como resultado de una guerra internacional o intestina.

Pero el pensamiento de Arana podemos leer: “¿Qué es el nacionalismo vasco? El sistema político que defiende el derecho de la raza vasca a vivir con independencia de toda otra raza. ¿Infiérase de lo dicho que el vasco no es genéticamente español? Sí señor. Afirmar que el vasco sea español es incurrir en un triple desatino étnico, geográfico y político. ¿Qué es Euzkadi? Euzkadi, históricamente, suena lo mismo que raza vasca, pueblo vasco, nación vasca. ¿Con qué derecho se les privó de su independencia?. Con el derecho de la fuerza”.

¿Cuándo ha renunciado a esta doctrina el Partido Nacionalista –vasco? ¿Y no está perfecta concordancia con ella la exposición de Francisco Letamendia, aunque no milite en el PNV?

En idéntica línea de pensamiento y refiriéndose a Galicia, Larmas de Carvajal, en versos sonoros, convoca al levantamiento: “¡Gallegos!, nos alumbra la estrella más propicia, el Dios de las victorias nos da su protección; ¡nobles y bravos hijos de mi leal Galicia, triunfe la justicia! ¡Sonó la hora de nuestra redención! Galicia era una esclava cuyo soberbio dueño la explota y la maltrata después sin compasión. Hoy la oprimida patria despierta de su sueño. Hoy el cordero manso conviértese en león”.

Sobre las ideas vertidas por Blas Infante se construye, rebasándolo, un andalucismo que en 1933, como conclusión del Congreso celebrado en Córdoba por las juntas liberalistas de Andalucía, exige la creación de un Estado andaluz libre, inspirador sin duda de la tesis de Domingo Ortz.

En Canarias, por el novísimo movimiento independentista que dirige Cubillo desde el extranjero, se propugna la creación de un Estado guanche, independiente y marxista.

Hasta Castilla, indignada más que convencida a revolverse contra tanto despropósitos. Y no ahora, sino hace años, expresó, de manera muy viva, su disgusto y su protesta, a través de Luis Carretero y de Beniro Mariano Andrade, que amenaza en su libro: “¿Hasta cuándo Castilla va a tolerar este trato desigual? ¿Es que en España sólo es atendido y respetado el que grita, el que amenaza? Porque, si es así, Castilla debe apercibirse también a gritar y amenazar”.