El fiscal pide 16 años a una exalcaldesa socialista de Sevilla por prevaricación
La Fiscalía de Sevilla ha pedido 16 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) María José Cervantes Medina (PSOE), por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la Fiscalía de Urbanismo ya había presentado escrito de acusación contra la exalcaldesa pero ahora ha entregado al juzgado de Lora del Río (Sevilla) una nueva acusación, incluyendo como coautores de uno de los dos delitos contra la ordenación del territorio a los exconcejales Inmaculada Díaz Gallego, Pedro Gómez Cruzado y Alejandro Miguel González Martínez.
El escrito de acusación, se dirige contra la ex alcaldesa por autorizar en 2005 la construcción de dos viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable “a pesar de que el arquitecto municipal informó a la acusada de que la solicitud de licencia era contraria a las normas de la localidad”.
La exalcaldesa será juzgada porque concedió el 28 de julio de 2005 la primera licencia pese a ser “consciente de la ilegalidad de su proceder”, según el fiscal, lo que determinó que el solicitante edificara la casa en suelo no urbanizable.
El segundo presunto delito, en el que el fiscal incluye a los tres concejales, se produjo tras la petición presentada el 14 de octubre de 2005 para edificar una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable.
El arquitecto municipal “advirtió el mismo día que la solicitud no se adaptaba a las normas de planeamiento”, precisa el fiscal, pese a lo cual Cervantes y los tres concejales, que integraban la Junta de Gobierno Local, concedieron su voto favorable “sabiendo que la licencia era manifiestamente ilegal”.
La Fiscalía añade que, una vez que los hechos fueron denunciados en el juzgado en enero de 2008 y Cervantes fue citada como imputada, ordenó como alcaldesa, en sendos decretos, “incoar diligencias previas al expediente urbanístico por las dos edificaciones ilegales contra las personas a las que ella misma había autorizado a construir”.
Ello pese a que “no consta que los dos promotores conocieran la irregularidad de sus respectivas edificaciones”, precisa el fiscal.
Cervantes, actual directora de Cohesión e Igualdad de la Diputación de Sevilla, ha declarado también como imputada ante la Guardia Civil por su papel en el Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Aglomerados Morell, que investiga la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
En cuanto a la licencia, la Fiscalía imputa a Cervantes dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación y otros dos por inducción, y pide para ella dos condenas de ocho meses de prisión y otras dos de ocho años de inhabilitación, junto a cuatro multas de 6.750 euros cada una.
Para los concejales, solicita ocho meses de cárcel y ocho años de inhabilitación, al imputarles responsabilidad solo por la segunda licencia.
