Barrio de Sant Roc, en Badalona.

Los grupos municipales que están en la oposición en el Ayuntamiento de Badalona dudan sobre los criterios de adjudicación que aplicará el gobierno para escoger 43 familias de entre 1.500 solicitudes para alquilar uno de los pisos embargados por CatalunyaCaixa. Sospechan que el gobierno local podría dejar fuera a los inmigrantes.

La duda de la oposición, principalmente de CiU, surge después de leer el mensaje de una ciudadana en una red social dirigido al alcalde. En este mensaje, la ciudadana escribía: “¿Por qué las oficinas están llenas de gente sin papeles? ¿Se tendrán en cuenta los que llevan años empadronados?”. A este comentario, el alcalde Xavier García Albiol respondía: “No te preocupes, soy una persona con las ideas muy claras”.

A raíz de este comentario, el líder de CiU, Ferran Falcó, cree que los inmigrantes de la ciudad no van a poder acceder a estas viviendas. “Tenemos derecho a saber cómo se piensan dar estos pisos, a ver quién está peor”, asegura Falcó. Los nacionalistas aseguran que el mejor modo de escoger las 43 familias sería por sorteo.

Hace unos días, un concejal del PP explicaba que el modo de adjudicarlos sería por orden de inscripción mientras se cumplan los requisitos. Para acceder a uno de los 43 pisos embargados -a un precio mensual de entre 140 y 220 euros-, el Ayuntamiento pide residir en Badalona (más puntos cuántos más años), no ser propietario de otra vivienda y cobrar un sueldo mínimo de 426 euros al mes. Estas viviendas se encuentran en los barrios de Sant Roc, la Salut, Llefià y Sant Crist.

El gobierno local anunció que en un mes ya podrían entregarse algunos de estos pisos. Un anuncio que el líder de la oposición y ex alcalde socialista Jordi Serra ha criticado, ya que asegura que de estos 43 pisos, 23 siguen ocupados ilegalmente, y que los otros 20 deben ser acondicionados por el ayuntamiento antes que nadie entre a vivir en ellos. Según afirma Serra, el Ayuntamiento de Badalona le está “haciendo el trabajo” a la entidad bancaria. El PSC ha exigido al gobierno local que explique qué criterios se van a seguir para adjudicar estas viviendas que aún no están preparadas.

El tercer grupo en la oposición, ICV-EUIA, cree que adjudicar 43 pisos a familias con problemas económicos no soluciona el problema que está viviendo Badalona, sobre todo por lo que se refiere a los desahucios. El presidente de los ecosocialistas, Carles Sagués, propone que se cree una comisión dentro del Consell Municipal de l’Habitatge y que ésta se encargue de las adjudicaciones de las viviendas.

Fuentes del gobierno local aseguran no entender las críticas de los grupos de la oposición, ya que reiteran que ofrecer pisos embargados a cambio de un alquiler a bajo precio es un acuerdo “histórico”. La segunda teniente de alcalde, Maritxu Hervás, recuerda que además de acabar con las ocupaciones ilegales en estas viviendas, se evitan conflictos de convivencia ya que en la mayoría de los casos no se pagan los gastos de la comunidad y se utiliza ilegalmente la electricidad.