GI.- Trabajadores del Hospital Sant Pau de Barcelona han denunciado a dos altos cargos del centro por consentir una “arquitectura fraudulenta” entre las distintas fundaciones del hospital. Una médico y la Asociación Profesional de Enfermería (API) también acusan al centro de pagar nóminas e indemnizaciones irregulares a exaltos cargos públicos y patronos.

La denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona y a la que ha tenido acceso Europa Press, alega presuntos delitos societarios, de estafa procesal y malversación, y se dirige al hasta ahora presidente del patronato de la fundación de gestión del hospital, Albert Folia y el administrador de turno de la Muy Ilustre Administración (MIA) -integrada por Arzobispado, Ayuntamiento y Generalidad-.

El texto, que recoge parte de los objetos de una denuncia presentados ante la Oficina Antifraude, constata la existencia de patronos de la fundación gestora como el representante del Arzobispado Joan Ros, quien en concepto de honorarios cobra una cuota trimestral de 5.892 euros, pese a que la ley de fundaciones impide una vinculación contractual.

También denuncia que el exdelegado de la Generalidad en Madrid en el último gobierno tripartito, José Ignacio Cuervo, patrono de la fundación de investigación del centro, percibió retribuciones económicas, pese a que “no se conoce el trabajo encomendado ni tampoco la posible adscripción departamental o ubicación física donde lo realiza”.

Según la denuncia, sigue percibiendo 4.160 euros mensuales abonados contra presentación de factura sin conocimiento del personal de trabajos para el proyecto de los edificios de investigación, así como con el desconocimiento de su asesoramiento.

La denuncia, presentada inicialmente por la médico y abogada Carmen Pérez y este viernes ampliada con la acusación de API, también pone de manifiesto el pago durante siete años a un exdirectivo inexistente del hospital que había sido subdirector general del Insalud y exdirector del Ministerio de Sanidad en gobiernos del PSOE, Ricard Gutiérrez.

En las elecciones sindicales convocadas para 2011, los trabajadores descubrieron que Gutiérrez aún figuraba en los boletines de la Seguridad Social, en la categoría de gerente adjunto y con una antigüedad de diez años percibía un importe anual de 158.569 euros.

En declaraciones a Europa Press, Carmen Pérez, ha criticado la “profusa y difusa confusión y mezcolanza de cargos directivos, de relaciones contractuales, de múltiple participación en los diversos órganos de gestión”, pese a que el hospital mantiene que las tres fundaciones vinculadas al centro son distintas e independientes.

Insiste en que los denunciantes, a los que puede añadirse Asociación Profesional del Cuerpo Facultativo del centro, Médicos de Cataluña, la entidad San Pau Asistencial y el comité de empresa, no tienen afán lucrativo sino de “aclarar el entramado de fundaciones y actividades”.

Con la denuncia, que califica de amplia y compleja, Pérez critica el “juego de trileros entre la parte pública y privada del centro”, al juzgar de incomprensible que la fundación patrimonial -que tiene al menos 1.800 inmuebles y registra beneficios con actividad inmobiliaria- no destine fondos a la parte gestora del centro, que en 2011 tuvo un déficit de 18 millones y aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE) -ahora suspendido-.

Algunos expertos consultados consideran que las fundaciones tienen una “ingeniería fundacional” que facilita la opacidad y que recuerda al caso del Palau de la Música, en el que se ha visto envuelto CDC, partido que preside Oriol Pujol.

“Queremos que el conseller de Salud, Boi Ruiz, y que el juez dignifiquen al hospital”, fundado en 1.401, convirtiéndose en el más antiguo de España.

El abogado de la causa, Juan del Moral, espera que el fiscal apoye la denuncia por supuesta mala gestión, uso fraudulento de fondos públicos y delitos que puedan surgir en la instrucción.

“Se puede entender que quienes tienen cargos públicos alarguen la mano pero no justificar que quienes tienen la obligación de vigilar tengan la vista tan corta”, ha dicho Pérez, y Del Moral añade que a la administración se le puede achacar al menos falta de vigilancia.