Hubo un tiempo en que ser buen cristiano (católico en este caso) era sinónimo de ser buen español. Después del Concilio Vaticano II eso ya no es posible. El catolicismo postconciliar niega toda legitimidad al patriotismo en favor de un “mundo sin fronteras”, principio que tiene como consecuencia obligada el relativismo cultural, que se ha convertido en el cáncer de nuestra civilización, anulando todas sus defensas identitarias y entregándonos a todas la aberraciones culturales y morales que nos han llevado a la catastrofe actual.

Desde el citado Concilio, la Iglesia trabaja para el Nuevo Orden Mundial, que niega patrias e identidades y la misma esencia del hombre, reducido a una mera unidad intercambiable sin raices, sin personalidad y sin alma: un vagabundo huérfano y desnudo sobre la faz de la tierra. Otra vez los pastores traicionan a su rebaño y entregándolo al lobo.

Esto no es una interpretación personal. El mismo concepto se encuentra en los documentos del Concilio Vaticano II y en las manifestaciones que realizan los responsables de Caritas, muchos de ellos vinculados a la izquierda y al laicismo radical.

“Sufrimiento muy severo”Cáritas Española ha advertido que la exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes en situación irregular “va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable y muy presente en la acción diaria de Cáritas, que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia”.

La ONG progre recordó que la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo hace que el colectivo de extranjeros que residen irregularmente crezca cada día.

Para la Comisión Permanente de Cáritas Española, la reforma sanitaria del Real Decreto-Ley 16/2012 supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a lo ciudadanos más desprotegidos, tanto españoles como comunitarios, porque en ella también se han establecido nuevos requisitos de residencia para inmigrantes de la Unión Europea.

Los miembros de la Comisión muestran también una especial preocupación ante la situación de las mujeres migrantes en situación irregular que son víctimas de violencia y de la trata con fines de explotación sexual. Para Cáritas, su exclusión del sistema agrava y dificulta la prevención y la detección y protección de las víctimas. Ellas, además, no podrán aportar pruebas imprescindibles para que, en su caso, un tribunal pueda o no disponer una orden de alejamiento del agresor o una medida de protección a la víctima, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus familias.

También advirtió que se corre el riesgo de la aplicación de criterios dispares por parte de las Comunidad Autónomas, lo que propiciaría la desigualdad en función del lugar de residencia, especialmente en el caso de las personas que habitan en el medio rural.

“Si se han constatado prácticas abusivas de los servicios sanitarios, será necesario atajarlas, pero sin negar el derecho a la salud a personas que conviven y construyen nuestra sociedad”, señala la Comisión en un comunicado.