La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha advertido, en relación con la ley de economía sostenible que incluye el cierre o bloqueo de páginas web que permitan la descarga ilegal de contenidos por orden judicial, de que nadie abre un bar en España para vender “vino o refrescos” que previamente haya “sustraído” de las fábricas donde se producen.

A preguntas de los periodistas, Sinde ha considerado “equilibrada y positiva” la nueva normativa y se ha mostrado convencida de que, con su aplicación, los ciudadanos podrán comprobar que la ley va a traer “un nuevo modelo de difusión de la cultura”. En este sentido, ha incidido en que internet es una oportunidad para la difusión de la cultura “de dimensiones no conocidas hasta ahora” por su rapidez y facilidad y que quien quiera desarrollar esta actividad “vendiendo o alquilando” productos podrá seguir haciéndolo “siempre que tenga los contratos al día”.

“No es distinto de quien abre un establecimiento de hostelería y tiene que vender los refrescos y los vinos que haya adquirido en las bodegas, no los que haya sustraído de los almacenes de las fábricas porque no reportaría beneficio a la colectividad ni a los bodegueros ni a quienes recogen la uva ni a quienes transportan las botellas de vinos”, ha añadido. Para la ministra, cualquier producto que genera una actividad económica, incluidos los culturales, “tiene que respetar a todos los trabajadores que viven y que participan de esa cadena de valor”.

Procedimiento “garantista”

En cuanto a las protestas organizadas en los últimos días por asociaciones de internautas y páginas de descargas de contenidos contra el proyecto de ley, que mañana se abordará en la comisión de economía del Congreso, Sinde ha lamentado que se intente confundir a la opinión pública “hablando de libertad de expresión”. Así, ha subrayado, que la nueva normativa no tiene “nada que ver” con la libertad de expresión ni afecta a las opiniones personales que cualquier usuario de internet pueda verter en un ‘blog’.

Además, ha incidido en que, a la espera de que pueda haber modificaciones que lo “mejoren” o lo “enriquezcan” en el trámite parlamentario, el procedimiento previsto por el Gobierno para cerrar un página web es “garantista”. La ley contempla la creación de una comisión de propiedad intelectual como el órgano encargado de recibir las denuncias de los afectados por la piratería, comprobar que existe vulneración de derechos y solicitar el cierre o bloqueo de la página web a un juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.